Crónica II, por Laura José

La palma aceitera compromete la supervivencia rural

Organizaciones campesinas de María La Baja acusan a terratenientes de daños ambientales y desplazamiento forzado

Evelio Pacheco Rodríguez, en la plantación de palma que cuida. FOTO: Jorge Giraldo Calle.

Pequeños agricultores del municipio de María La Baja, señalan que el negocio de la palma de aceite les ha traído contaminación, escases de alimentos y desalojos. “El problema no es la planta; son los terratenientes que imponen reglas que solo los benefician a ellos y nos obligan a buscar otras tierras para sembrar y vivir”, afirma Dominga Ospino, presidenta de ASOCAFRO (Asociación de Campesinos y Campesinas Afro de María La Baja).

Los colectivos sociales que reconocen estos problemas, temen que se presenten episodios de violencia selectiva como ocurrió en el departamento del Cesar con líderes opositores al monopolio; en 30 años de operación de la planta Palmas del Cesar, 25 miembros de sindicatos fueron asesinados por grupos ilegales. En versiones libres de paramilitares, la justicia colombiana ha conocido que las muertes fueron provocadas para favorecer esta industria, abaratando los precios de la tierra y obteniendo mano de obra mal paga.

María La Baja es un poblado al norte del departamento de Bolívar que desde la década de los 50 ha sufrido el conflicto armado del país. Los grupos al margen de la ley, se fijaron en estas tierras por ser de los suelos más fértiles en la región y tener un distrito de riego que funciona todo el año.

Las dificultades que trajo el cultivo

El costo socioambiental no es rentable para los pobladores de las Marías. En 1998, al negocio palmicultor ingresaron campesinos que alquilaban o vendían sus tierras para acceder a los retoños gratuitos que otorgaba el Gobierno Nacional. Lo que a finales del siglo XX eran paisajes de arroz, plátano y maíz, hoy solo lucen corozos que no son comestibles.

“Nos empujan a un desplazamiento forzoso porque no tenemos tierras para sembrar. Hay que salir del pueblo a trabajar en las ciudades y así mantener nuestras familias”, comenta Fulgencio Batista, campesino montemariano. El OCC (Observatorio del Caribe Colombiano) advirtió en 2013 que “entre 2005 y 2011 la población de la región Caribe se hizo más urbana que rural: los campos y veredas de la región se están quedando solos, mientras que las grandes urbes se están superpoblando y esta tendencia seguirá hasta el 2019. (…) Del total de los 9 millones 100 mil habitantes que tiene aproximadamente la región, el 72% está concentrado en las ciudades y cabeceras municipales”. El OCC describe que entre una de las razones del desplazamiento interno, está el impacto de la palma en la economía rural.

La siembra del pancoger se trasladó a zonas sin carreteras ni agua potable, lo que provocó que los alimentos básicos subieran sus precios. El informe del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) “Los Montes de María: análisis de la conflictividad” de 2010, advierte que poblados vecinos a María La Baja les llevan alimentos para abastecerlos. Un kilo de arroz en 2005 podía costar $500 y al 2009 se encontraba en $2.000.

Evelio Pacheco Rodríguez, un campesino que entró a la palmicultura, asevera: “Antes en cualquiera de nuestras fincas encontrábamos los ojos de agua (fuentes hídricas naturales), hoy no los tenemos porque la palma chupa mucha agua de la tierra. Lo único que nos queda es la represa y a mí me da miedo usarla: uno puede ver cómo baja la porquería de las palmas, viene hedionda y negra por el poco de químicos y fertilizantes que le echan”. El Colectivo de Comunicaciones de los Montes de María, informó el pasado 2 de mayo sobre la muerte masiva de peces en los cuerpos de agua donde desembocan los desechos de las plantaciones, mas sus acusaciones no obtuvieron respuestas de la administración departamental.

El negocio en cifras

Colombia es el cuarto productor de palma en el mundo y el primero en América Latina, con más de 50.0000 hectáreas sembradas y una producción anual que supera los 1,2 millones de toneladas de aceite crudo, según Fedepalma (Federación Nacional de Cultivadores de Palma). Datos del Ministerio de Comercio indican que el país exportó 233 millones de dólares en 2014, un 28,8% más que en 2013.

A nivel mundial, la industria de la palma maneja más de 45.000 millones de euros, según la gestora de fondos Green Century Capital Management, y la rentabilidad del negocio crece anualmente sobre el 5%. El “óleo rojo” – llamado así por su color -, tiene dos grandes ventajas en el mercado: es el aceite comestible más barato – en junio pasado una tonelada costaba 638 dólares, mientras que la soja 744 dólares, el coco 1.131, y el girasol 1.538 -; y su uso es tan amplio que se puede encontrar en cosméticos, alimentos para humanos y animales, medicinas y biocombustible. Si bien la rentabilidad es apetitosa para los inversores, los mismos problemas señalados en María La Baja son la realidad que afrontan países como Malasia, Indonesia, Papúa Nueva Guinea y la República Democrática del Congo, después de invertir en la agroindustria.

Soluciones para el sector

Luis Fernando Castro, presidente de Bancoldex, aseguró el 2 de junio pasado en el Congreso Nacional Palmero, que el Gobierno abrirá tres líneas de crédito para impulsar a los palmicultores con 28.050 millones de pesos. Pero no parece ser suficiente para aliviar el malestar generado. “Es que la plata que promete el Gobierno va derecho a los grandes señores que son los propietarios de los cultivos, y nosotros seguiremos igual. Aquí tienen que venir entidades internacionales, ya tocamos puertas en la Defensoría Nacional del Pueblo y la Personería para que nos ayuden, pero hay que esperar porque son temas delicados para denunciar” concluye Dominga Ospino.