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miércoles, 12 de agosto de 2015

Reportaje: Evelyn Díaz y Laura Martínez

Venganza o justicia

 La práctica de linchar a supuestos agresores se populariza en Cartagena

Con golpes se canaliza la rabia y la frustración. El calor del medio día se fractura por los gritos que recorren las calles del barrio Villa Estrella, al suroccidente  de la ciudad. “¡Cójanlo, ratero, mátenlo!”. Las voces se convierten en un coro que pide justicia ante un supuesto delito que acaba de ocurrir. “¡No he hecho nada, yo no soy el ratero!”. Grita un joven de unos 20 años huyendole a la turba.

Ver video: linchamiento en Villa Estrella - Cartagena.


Esto se presentó el domingo 9 de agosto y aunque no hay cifras oficiales que determinen cuántos casos de linchamiento se presentan en la ciudad, expertos aseguran que el resentimiento o acumulación de rabia por parte de víctimas, sale a flote en estas situaciones; como un estado de superioridad, una especie de venganza para uno de los tantos victimarios que merodean la calles, cual depredador espera por su presa. A una multitud enardecida por la ira, poco o nada le importa el delito en el que puedan incurrir al participar de un linchamiento y en muchos casos lo desconocen. Linchar o golpear a una persona, en cualquier situación, viola el principio a la dignidad humana, establecido en el artículo 1ro del código penal de la constitución. Hacerlo puede dar lugar a que un juez diga que una captura ilegal y el detenido puede quedar en libertad. Como fue el caso.

Ver video: testimonios de personas a favor del linchamiento





Rosiris García Rodríguez (47 años) es dueña de la casa donde se refugió el joven que intentaban linchar. No está muy segura de haber hecho lo correcto y lo expresaba en su rostro “En el barrio me dicen ‘alcahueta, sapa, metida’, porque lo defendimos. “No sé qué va a pasar ahora”.

En Cartagena cada semana se capturan 5 personas por hurto, el 70% de los casos se denuncian y el otro 30% no, según cifras de la Policía Metropolitana. “Cuando le explicamos a las víctimas el proceso para denunciar, muchas nos dicen ‘déjalo que a ese yo me lo pillo por la calle y me lo casco, le voy a hacer su daño pa’ que sea serio’; creen que la denuncia es algo complicado y una pérdida de tiempo, además, que la justicia falla y no van aplicar medidas contra su victimario”, asegura Pedro Díaz Pacheco, Fiscal Primero Especializado.

La desconfianza en las autoridades es una de la principales razones para tomar la justicia “por las propias manos” eso es lo que piensa Jaime Leal, economista de 30 años “en Colombia los delincuentes usan las fallas de nuestro sistema penal para seguir delinquiendo, está bien que los linchen porque la justicia Colombiana no funciona”.

Así como él, muchas de las que han sido víctimas de delitos de menor instancia - los que  requieren de una denuncia para que el poder público pueda perseguirlos - como robos o atracos, hacen metástasis en su paciencia y se  toman medidas extremas, ante lo que para ellos es  ineficiencia de la justicia. Ejemplo es el del barrio El Rodeo, suroccidente de la ciudad; en donde fueron ubicadas 9 compuertas para cerrar la zona residencial, con el fin de “espantar a los bandidos”. Fue una inversión de 10 millones de pesos, aportados por cerca de las 400 familias residentes del sector, se estipuló un aporte de 50 mil pesos por cada una, aunque no todas lo hicieron.

La Oficina de Espacio Público del Distrito, no dio permiso para la instalación de las compuertas en El Recreo porque violaban el derecho al libre circulamiento. Pero la comunidad argumentó que si no les garantizaban el derecho a la vida, ¿acaso la circulación de particulares era más apremiante?
FOTO: Evelyn Díaz
Alonso Torres García, de 64 años, es el tesorero de la Junta de la Acción Comunal del barrio. “La gente al principio estaba dudando del sistema, pero hoy en día todo el mundo está contento porque está funcionando. Se lincharon varios, incluso, se les quemaron las motos, ya estábamos cansados” concluye con voz fuerte, mirada  penetrante y su mano derecha empuñada.

En una de las entradas del barrio y bajo la sombra del techo de una de sus casas, está Jaime Alonso Pérez, de 50 años, vigilante que recibe su pago del aporte mensual de 40 mil pesos que da la comunidad. “Nos tenían azotados, esto-compuertas- se ha venido implementando en varios barrios ya que la inseguridad es tremenda, aquí habían como siete atracos en el día, ya no hay” dice mientras se resguarda del inclemente sol del medio día. ¡Jaime, échame un ojiito a la casa! Le grita la vecina del frente mientras sale dejando la puerta sin seguro. “Ahora vengo”.

La otra cara de la moneda
Alias “El Fantasma” tiene 20 años y se dedica al mototaxismo. Dice que de vez en cuando, si le dan “papaya” o ve “ un blanco” roba, lo hace con un navaja para tener cómo “algaretiarse”, y resalta que otros lo hacen por necesidad. “La cuestión no es de pensarlo sino de hacerlo, que tú tengas el corazón para hacerlo, y ¡pum!, vas pa´ esa enseguida, la mejor hora es en la tarde, como a las dos que los tombos - policías - estén recogidos, almorzando o cambiando de turno o en altas horas de la noche, a las seis hay mucho retén”, dice sentado en frente de su casa y con la mirada algo ocultada por una gorra, como la que usan los reguetoneros.

“Yo soy consciente de que la gente ya se está aburriendo, y  a veces  siento miedo de que me cojan, más que a la Policía, aunque eso también depende del estado en el que uno esté, cuando uno está muy drogado no le importa na´ y va pa’ la que sea”. Continúa: “Yo tengo un hermano mayor que es diseñador gráfico”. Queda en silencio.“Es mi ejemplo, es sano, yo pienso en dejar lo malos pasos y algún día ser como él”.

domingo, 9 de agosto de 2015

Crónica II, por Laura José

La palma aceitera compromete la supervivencia rural


Organizaciones campesinas de María La Baja acusan a terratenientes de daños ambientales y desplazamiento forzado


Evelio Pacheco Rodríguez, en la plantación de palma que cuida. FOTO: Jorge Giraldo Calle.

Pequeños agricultores del municipio de María La Baja, señalan que el negocio de la palma de aceite les ha traído contaminación, escases de alimentos y desalojos. “El problema no es la planta; son los terratenientes que imponen reglas que solo los benefician a ellos y nos obligan a buscar otras tierras para sembrar y vivir”, afirma Dominga Ospino, presidenta de ASOCAFRO (Asociación de Campesinos y Campesinas Afro de María La Baja).

Los colectivos sociales que reconocen estos problemas, temen que se presenten episodios de violencia selectiva como ocurrió en el departamento del Cesar con líderes opositores al monopolio; en 30 años de operación de la planta Palmas del Cesar, 25 miembros de sindicatos fueron asesinados por grupos ilegales. En versiones libres de paramilitares, la justicia colombiana ha conocido que las muertes fueron provocadas para favorecer esta industria, abaratando los precios de la tierra y obteniendo mano de obra mal paga.

María La Baja es un poblado al norte del departamento de Bolívar que desde la década de los 50 ha sufrido el conflicto armado del país. Los grupos al margen de la ley, se fijaron en estas tierras por ser de los suelos más fértiles en la región y tener un distrito de riego que funciona todo el año.

Las dificultades que trajo el cultivo
El costo socioambiental no es rentable para los pobladores de las Marías. En 1998, al negocio palmicultor ingresaron campesinos que alquilaban o vendían sus tierras para acceder a los retoños gratuitos que otorgaba el Gobierno Nacional. Lo que a finales del siglo XX eran paisajes de arroz, plátano y maíz, hoy solo lucen corozos que no son comestibles.

“Nos empujan a un desplazamiento forzoso porque no tenemos tierras para sembrar. Hay que salir del pueblo a trabajar en las ciudades y así mantener nuestras familias”, comenta Fulgencio Batista, campesino montemariano. El OCC (Observatorio del Caribe Colombiano) advirtió en 2013 que “entre 2005 y 2011 la población de la región Caribe se hizo más urbana que rural: los campos y veredas de la región se están quedando solos, mientras que las grandes urbes se están superpoblando y esta tendencia seguirá hasta el 2019. (…) Del total de los 9 millones 100 mil habitantes que tiene aproximadamente la región, el 72% está concentrado en las ciudades y cabeceras municipales”. El OCC describe que entre una de las razones del desplazamiento interno, está el impacto de la palma en la economía rural.

La siembra del pancoger se trasladó a zonas sin carreteras ni agua potable, lo que provocó que los alimentos básicos subieran sus precios. El informe del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) “Los Montes de María: análisis de la conflictividad” de 2010, advierte que poblados vecinos a María La Baja les llevan alimentos para abastecerlos. Un kilo de arroz en 2005 podía costar $500 y al 2009 se encontraba en $2.000.

Evelio Pacheco Rodríguez, un campesino que entró a la palmicultura, asevera: “Antes en cualquiera de nuestras fincas encontrábamos los ojos de agua (fuentes hídricas naturales), hoy no los tenemos porque la palma chupa mucha agua de la tierra. Lo único que nos queda es la represa y a mí me da miedo usarla: uno puede ver cómo baja la porquería de las palmas, viene hedionda y negra por el poco de químicos y fertilizantes que le echan”. El Colectivo de Comunicaciones de los Montes de María, informó el pasado 2 de mayo sobre la muerte masiva de peces en los cuerpos de agua donde desembocan los desechos de las plantaciones, mas sus acusaciones no obtuvieron respuestas de la administración departamental.

El negocio en cifras
Colombia es el cuarto productor de palma en el mundo y el primero en América Latina, con más de 50.0000 hectáreas sembradas y una producción anual que supera los 1,2 millones de toneladas de aceite crudo, según Fedepalma (Federación Nacional de Cultivadores de Palma). Datos del Ministerio de Comercio indican que el país exportó 233 millones de dólares en 2014, un 28,8% más que en 2013.

A nivel mundial, la industria de la palma maneja más de 45.000 millones de euros, según la gestora de fondos Green Century Capital Management, y la rentabilidad del negocio crece anualmente sobre el 5%. El “óleo rojo” – llamado así por su color -, tiene dos grandes ventajas en el mercado: es el aceite comestible más barato – en junio pasado una tonelada costaba 638 dólares, mientras que la soja 744 dólares, el coco 1.131, y el girasol 1.538 -; y su uso es tan amplio que se puede encontrar en cosméticos, alimentos para humanos y animales, medicinas y biocombustible. Si bien la rentabilidad es apetitosa para los inversores, los mismos problemas señalados en María La Baja son la realidad que afrontan países como Malasia, Indonesia, Papúa Nueva Guinea y la República Democrática del Congo, después de invertir en la agroindustria.

Soluciones para el sector

Luis Fernando Castro, presidente de Bancoldex, aseguró el 2 de junio pasado en el Congreso Nacional Palmero, que el Gobierno abrirá tres líneas de crédito para impulsar a los palmicultores con 28.050 millones de pesos. Pero no parece ser suficiente para aliviar el malestar generado. “Es que la plata que promete el Gobierno va derecho a los grandes señores que son los propietarios de los cultivos, y nosotros seguiremos igual. Aquí tienen que venir entidades internacionales, ya tocamos puertas en la Defensoría Nacional del Pueblo y la Personería para que nos ayuden, pero hay que esperar porque son temas delicados para denunciar” concluye Dominga Ospino.

viernes, 7 de agosto de 2015

Reportaje 2, por Laura José

Matrimonio católico por segunda vez, la historia de una nulidad


La fe cristiana abre una puerta para quienes demuestren que su boda fue un error


 Por Laura José Martínez 


Lo que más le dolió a la profesora Katia Paternina Madrid, fue quedar con fama de puta en el municipio de Turbaco (Bolívar), donde reside. En 1987 teniendo solo un título de bachiller, contrajo matrimonio católico con un afamado médico de aquel pueblo. La felicidad les duró 14 años: el eterno amor se fracturó por infidelidades, maltratos verbales, engaños, y otros delitos que figuran en decenas de papeles civiles que Katia guarda para argumentar mejor su historia. Ella consiguió ante el Vaticano que su matrimonio fuera declarado nulo.

Katia Paternina junto a su esposo, Jaider Murillo. FOTO: Cortesía
La Iglesia Católica no hace divorcios como los que se ofician ante las notarías del Estado colombiano: un juez civil declara que el vínculo se disuelve y quedan hombre y mujer oficialmente con una expareja. Por el lado canónico, un juez eclesial resuelve que esa unión nunca tuvo efecto ante los ojos de Dios, que la celebración del sacramento no fue válida y por eso jamás existió un vínculo entre los contrayentes.

Son 11 álbumes de fotos que conserva Katia a sus 46 años de edad, con imágenes opacas por el paso del tiempo. Hay unas rasgadas a mano, otras tienen recortes donde se supone alguna vez estuvo la humanidad de su exesposo. En pocas aparece el médico completo. Su vista se pierde en los detalles de las fotos, por momentos es ruda con ellas y en otras se le llenan los ojos de lágrimas.

Así, quedan ambos ‘señoritos’.

Natal de una pequeña ciudad (Sincelejo - Sucre) con familia comerciante acomodada de estrictos valores católicos, Katia recuerda que su tormento no fue con las múltiples mozas de su adorado conyugue - porque afirma que siempre lo amó, hasta el último día de convivencia- : esos que la criaron la empujaban a soportar con paciencia los ultrajes “porque ese es el hombre que Dios te dio”, “esa es tu cruz y debes aceptarla”, “¿quién te va a mantener con los lujos que tienes?”, “¿qué les vas a decir a tus niñas, que su papá es un mujeriego hijueputa?”.
El sacerdote José Fernando Álvarez en su despacho parroquial
del Templo de Santo Toribio (Centro Histórico de Cartagena).
Detrás de él, los libros con las actas matrimoniales.
FOTO: Laura José Martínez

El divorcio civil se legalizó en 2006, le tomó tres meses e invirtió un poco menos de $300 mil. La odisea comenzó al decidir romper hasta los vínculos celestiales en 2008: cinco años demoró su proceso hasta obtener la firma y sello del Papa Benedicto XVI, e invirtió alrededor de $10 millones. Una sonrisa sale de sus labios, respira con lentitud y añade “pero valió la pena, me siento libre”.

“Me di cuenta que en las misas dominicales la gente me miraba extraño, algunos conocidos me negaban el saludo, poco a poco en mi grupo de oración me quitaron responsabilidades que tenía años de llevar. Entendí cuando en una prédica el sacerdote hablaba de los hogares rotos y el papel de la mujer al cuidado de esposo y los hijos, y me miraba y señalaba. No dijo mi nombre pero me estaba hablando. A mis niñas les decían a mis espaldas ‘cuidado con seguir los caminos de tu mamá’”.

El Padre José Fernando Álvarez es Vicario Judicial de la Arquidiócesis de Cartagena desde 2001, es quien lleva los trámites de nulidad desde el Tribunal Regional de Barranquilla. Según las estadísticas de su despacho, del territorio que le corresponde desde Cartagena hasta el municipio del Carmen de Bolívar, le llegan 32 solicitudes de nulidad por año. Los casos son estudiados de manera individual y deben resolverse en máximo 15 meses; los precios por proceso varían dependiendo del estrato matrimonial, así hay quienes cancelan un millón de pesos y otros nueve.

Asegura el religioso que “lastimosamente hay quienes se creen moralmente mejor que otros, entran a juzgar sin conocer el dolor del prójimo y toman la fe como excusa para maltratar y excluir. La Iglesia no consiente esos comportamientos: el Papa Francisco nos ha hablado por estos días de acogida a parejas divorciadas, de acompañamiento profundo y entendimiento”.

Katia acompañada de su esposo Jaider y dos
de sus hijas, Lia y Loredana.
FOTO: Cortesía
El primero de noviembre de 2013, Katia se casó ante la Iglesia Católica vestida de blanco como una dama, con un docente que por cosas del destino se guardó sin hijos y sin esposa. Nadie de Sincelejo vino a la boda ni la llamaron, aunque los invitó a todos. Asiste a otro templo donde aceptan el peso de su historia, sus hijas hoy hechas adultas y su esposo tienen un lugar. Su ‘ex’ convivió con una bacterióloga por siete años y volvió a divorciarse, para finalmente casarse el cuatro de julio de 2015 por la Iglesia con una fisioterapeuta 26 años menor que él.


Su caso es como un cuento popular que se propaga entre sus conocidos. Se ha encargado de contarlo sin perder detalles para que quienes pasen por una situación similar, puedan encontrar respuestas claras. La exclusión sigue presente en su nueva vida, no falta quienes les reclamen ‘mayor discreción’ en las agarradas de manos, los besos en público y las expresiones de cariño. Ya eso no le importa ni le hiere. “Hay que luchar por ser felices. Hoy estoy tranquila con el hogar que siempre quise rodeada de un esposo tierno y mis hijas que me apoyan en todo”, concluye Katia.

miércoles, 5 de agosto de 2015

Entrevista - Steffan Bohorquez


ENTREVISTA: natalia díaz|cantante
"Soy una mujer que valgo mucho"
La primera cantante de champeta teme por la representación de la mujer en la música

La champeta surge como género musical en los años ochenta en Cartagena, en el Caribe Colombiano. En 1981 aparece por primera vez una producción cantada e interpretada por cartageneros de barrios marginados; en los dos mil el género decae, se le acusa de carente de creatividad y de machista. La champeta se sostiene pese a las críticas engendradas y su baja rentabilidad.

Natalia Díaz en su residencia en El Pozón
Los dos mil fue para la champeta los peores años, no había nada de la generación que inauguró el género. El Jhonky, icono músical, estaba muerto. Se dio espacio para que otros aparecieran, las canciones gustaron poco, las historias populares habían desaparecido de las letras y las melodías eran cada vez más tétricas y más baratas. Era una época infértil. Natalia Diaz, cantante de champeta, que pretende regresarle vida al género sin apologías al sexo, al machismo o a la violencia, insiste en reivindicar el papel de la mujer desde la música.

La champeta siempre ha sido de hombres: El Sayayín, Mr. Black, Louis Towers, Elio Boom, Charles King. Lo primero que se discute ¿Por qué no hay mujeres? “Lo primero es la costumbre, Cartagena es así. Siempre han visto a hombres que canten y canten, pero no es porque las mujeres no seamos buenas cantando, no. Lo que pasa es que no nos atrevemos, pensamos que no vamos a pegar (sonar)”. Entonces ¿Por qué cantar en un género que parece excluir a la mujer? Me mira y se rie carcajadas. “¿Quién dijo que la champeta excluye a las mujeres? Cuando tú vas a un picó (evento musical exclusivo para champeta), no te encuentras solo a hombres, ves a mujeres bailando también. La música no, las letras a veces”

La champeta es señalada de facilista. Se considera la industria musical con relación al género es de principiantes y que cualquiera podría hacerlo. La cantante piensa lo contrario, “No es tan sencillo. Para entrar a la champeta tuve que insistir e insistir. Lo que pasa es que tú tienes que cantar con un picó, no se puede sin eso, te mueres. Por fortuna conocí a Juan Carlos Sosa del Gemini (Picó) y luego después de varias pruebas me puso a grabar”.

Un tema a favor de la mujer

La champeta había recurrido a casi todo sobre la cultura popular de cartagenera para inspirarse, faltaba la mujer. “Yo pensaba qué chévere sería hacer una canción que fuese a favor de la mujer, porque yo veo que si las tratan mal. Pensé en cambiar la temática a lo que siempre han venido cantando los hombres y puedo aportar algo diferente y grabé la champetua, esa canción fue un éxito en dos meses, qué cosa loca, y las mujeres se sentían identificadas”. El mensaje parece ser recibido y aceptado. “No solo fue aquí, Sosa me decía: Mira hay que viajar está canción no solo es en Cartagena. Fuimos hasta Caracas. Al regreso, me doy cuenta que ya otras mujeres estaban cantando champeta

No resiste y canta: “Soy una mujer que valgo mucho, y no me importa si me dicen champetua…

La rentabilidad de género también ha sido un tema de discusión. “Los eventos eran muy mal pagos, por un show me pagaban cien mil, doscientos mil pesos, a veces se llegaba al millón a veces”. Natalia lo contrasta con el mantenimiento de los artistas  “Yo siento que no hubo un apoyo económico. En las emisoras había que pagar para sonar. No es como tener un manager, llamando a las emisoras, llegando a algunos acuerdos. Todo giraba en torno al dinero, si no hay dinero no hay pegada, hay que invertir en publicidad, millones, en imagen, millones. Algo que no todos quieren hacer”.

Independencia

Para sobrevivir – dice Natalia – hay que ser independientes. “Yo tengo un estudio musical en casa, construyo ese estudio porque las filas para grabar era largas y el tiempo era poco, unos quince minutos. Al principio no era para nada comercial, pero luego, cuando la gente comenzó a venir y a preguntar si aquí quedaba un estudio, yo empecé a cobrar treinta mil pesos la hora. Esto fue otra manera de sobrevivir con los malos pagos de los eventos”


lunes, 3 de agosto de 2015

Reportaje - Juan Carlos Figueroa






Reportaje - Álvaro Pión Salas

El dolor de perder un
hijo a manos del Estado


En Colombia, entre 2002 y 2010, 1.211 asesinatos fueron
presentados como falsos positivos, según el Cinep.



Abelino Padilla, un hombre de 62 años, bajo de
estatura y fornido, espera el bus en el mismo lugar
donde el mayor de sus seis hijos fue visto por
última vez hace más de siete años.

Su primogénito, Victor Hugo, hace parte de las
cerca de 1.211 personas que han muerto en
Colombia por ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos),
entre 2002 y 2010, según el Centro de
Investigación y Educación Popular, Cinep. (Vea
otras historias en el portal Verdad Abierta)

Para Abelino y su familia esa no es más que una
"simple estadística" que no les ayuda a comprender
por qué su hijo, de 29 años al momento de la
desaparición, “fue asesinado a manos del ejército y
hecho pasar por guerrillero”.

La esquina de la carrera 5 con Murillo, en la entrada
del barrio La Central, en Soledad (Atlántico), es un
entorno bullicioso por ser un paso obligado para
rutas de buses urbanos y por la gran cantidad de motos
y carros que circulan por ahí.

Con las manos dentro de los bolsillos de su pantalón,
Abelino parece no percatarse del ruido a su alrededor y
solo trata de imaginar una escena, la misma que hoy,
hace 2744 días, un sábado 26 de enero del 2008 por la
noche, se llevó a cabo. “Dos hombres vestidos de
militares tomaron a mi hijo de las manos, como si fuera
un niño. Caminaron hasta una camioneta que estaba a unos
20 metros de distancia y se lo llevaron”, cuenta como si
estuviera viendo la camioneta arrancar en ese preciso instante.

Padilla deambula por las calles del barrio con un andar lento,
repitiendo los pasos que alguna vez su hijo dio cuando
trabajaba vendiendo agua. Cada día llenaba dos tanques con
el líquido, los montaba en una carreta que se sujetaba a los
hombros para jalarla y salía a venderlo.

“Mi hijo era un hombre tranquilo. Tenía un genio fuerte pero
siempre fue muy servicial”, recuerda Abelino deteniendo su
caminata y sentándose en una silla bajo la sombra de un roble,
sembrado al pie de una tienda del barrio. Pide una gaseosa.
Toma un sorbo para refrescarse la garganta y darse valor para
contar la historia que “cambió su vida”. 


Todo comenzó unas tres semanas antes de que desapareciera
Víctor Hugo. Relata que llegó a casa con la idea de que se
marchaba porque había conseguido un trabajo. “Guardó ropa
en una bolsa y se fue”, expresa con una velocidad que
contrasta con su andar, como queriendo sacarlo todo de una
vez. Sin embargo esa misma noche “regresó cabizbajo".

La misma situación se repitió un par de veces con el mismo
resultado. Por eso cuando el sábado 26 de enero salió de casa
nuevamente con su hatillo, Abelino pensó que iba a regresar.
“Esa noche había fiesta, estábamos en pleno Carnaval”,
recuerda fijando la vista en un punto distante. Bebe
mecánicamente un poco más de refresco y prosigue su relato.

Solo hasta el martes 29 de enero se enteraron de la noticia.
A las 6:30 de la mañana recibió la llamada de un amigo.
“Empezó a preguntarme con insistencia si me encontraba
bien. Me dijo que si había comprado el periódico, porque
aparecía una foto de Víctor muerto”. Enseguida mandó a
comprar el periódico y efectivamente se encontró frente a
un Víctor que no le devolvía la mirada, ni le hacía un
comentario gracioso ni le sonreía, como tantas veces lo había
hecho.

Asegura que salió de su casa hacia medicina legal con un solo
propósito: no regresar hasta recuperar el cuerpo de su hijo.
Afirma que lo más duro fue identificarlo. En la camilla no veía
al hombre con quien tomó cervezas, compartido el almuerzo o
discutido, en diferentes ocasiones. “Mi hijo nunca tuvo corte
militar y mucho menos usaba camuflado”, explica recostándose
en la silla, con la mirada esquiva.

El cuerpo de Víctor fue hallado a unos 90 km de dónde fue visto
por última vez, en las faldas de la loma ‘El sastre’, en Cien Pesos,
corregimiento del municipio de Repelón (Atlántico). Tenía dos
impactos de bala en la espalda, “como si lo hubieran puesto a
correr primero para dispararle después”, comenta.


El 27 de enero de 2010, dos años después de la muerte de su
hijo, como una cruzada para “recuperar el buen nombre de
Víctor”, Padilla instauró una acción de reparación directa
contra la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ejército
Nacional, la cual fue resuelta a su favor por un juzgado de
Barranquilla. Pasa las manos crispadas por su cara. Arruga la
frente al pensar en los momentos difíciles que pasó su familia,
incluso su mujer “estuvo mal de los nervios”.

Manifiesta que con el paso de los años el corazón le ha ido
sanando. Ha pensado en su reacción si encontrara a los
victimarios de su hijo. No duda en reconocer que “los
perdonaría” porque nada le devolverá a Víctor Hugo. A
pesar de su falta de rencor, considera que “las víctimas del
conflicto deben ser reconocidas” pero aclara que “no solo las de
la guerrilla, sino también las del estado colombiano”, como su
hijo.   

Abelino se levanta de la silla y comienza el regreso a casa. Ahí
quedan pocos recuerdos de Víctor Hugo. Todas sus pertenencias
se las echaron en la tumba, en una especie de ritual familiar.
Solo las memorias de sus familiares, alimentadas por
portarretratos esparcidos en el hogar, son testigos de su
presencia en la tierra. A Abelino también le queda la esquina que
visita cada tanto, en un intento por entender porqué escogieron
a su hijo entre cientos de soledeños.

Reportaje-Arturo Sánchez

El caballero que quiere vestirse de charro

Caballero en su tienda. 


Arturo Sánchez Jiménez. Cartagena.

Luis Enrique Caballero llega a su tienda de esmeraldas en la ciudad amurallada y lo primero que hace es sacar una bandera. Este colombiano de 55 años que nunca ha salido del país extiende cada mañana en la puerta de su local un lienzo verde, blanco y rojo de la nación de su niñez: México.

Nació en La Peña, Cundinamarca, en 1960. Era, recuerda, un sitio al que ni las carreteras llegaban. El que sí se daba una vuelta por el caserío era un vendedor de películas. Llevaba las que en Bogotá habían pasado de moda y las proyectaba en una sábana que cada noche era colgada en una fachada del centro del pueblo. Las vio todas: de Pedro Infante, Antonio Aguilar, María Félix. "Una buena película tenía sus buenas canciones y sus buenos muertos".

Fue con ese cine que se enamoró del país al que sintió cercano porque la vida en el campo colombiano estaba llena, asegura, de situaciones semejantes a las de las películas. "En el pueblo sembrábamos caña y hacíamos panela, que en México se llama piloncillo. Había caballos, sombreros y hombres de bigote y una que otra pelea".

La tienda de Caballero está a unos pasos de la Plaza de Santo Domingo. Se hizo de ella hace 18 años, cuando los dueños la vendían porque el negocio no funcionaba. Quiso la casualidad que su primer cliente fuera, desde luego, mexicano. Un día del 97 un grupo de hombres miraba las joyas del aparador, así que pidió a los empleados que los invitaran a entrar.

"Esos son colombianos, me dijeron. Pues no importa, hay que invitarlos, les respondí y salí a hacerlo. Yo nunca había tenido contacto directo con alguien de México, pero en cuanto los escuché decir órale supe de dónde venían". A uno de ellos, que resultó ser médico del cantante Vicente Fernández, le vendió una pieza de unos 2.500 dólares, que ahora debe valer cerca de 40.000 según sus cálculos.

Tiene muchos amigos y clientes de Baja California a Quintana Roo, pero sus relaciones mexicanas no se limitan a ellos. Conoció al expresidente Vicente Fox en 2012 y le vendió una esmeralda a un precio que prefiere no comentar; le gusta ir a comer a la Vitrola, en donde cenó un día Felipe Calderón cuando gobernaba México, y hasta halla simetrías entre su nombre, el de su pueblo natal y el del mandatario mexicano Enrique Peña Nieto.

Sueña con pasear por Dolores Hidalgo, el pueblo del Bajío donde inició la guerra de independencia de lo que entonces era la Nueva España. Conoce la historia y los nombres de los insurgentes, pero eso no le interesa tanto como que en 1926 ahí nació el compositor de “La que se fue”, José Alfredo Jiménez. Lo imagina y se suelta a cantar: “Tengo dinero en el mundo, dinero maldito que nada vale... Esa canción le gustaba a mi amigo Víctor Carranza”, el Zar de las esmeraldas, que murió en abril de 2013.

En vez de responder a preguntas sobre el hombre que durante décadas controló el negocio de las piedras preciosas en Colombia, Caballero besa el dige verde del tamaño de un limón engarzado en oro que lleva en el pecho y luego pone un video casero en el que aparece Carranza cantando otra de José Alfredo. "Extraño a Víctor", suelta.

A menudo come con el embajador de México en Colombia, Arnulfo Valdivia, y que nunca rechaza un mole, unos chiles en nogada o un tequila, aunque su estomago no le caigan nada bien.

La venta de esmeraldas se ha convertido en su puente al país norteamericano. Un día sí y otro también llegan mexicanos a su tienda, todos enviados por otros mexicanos que le compraron alguna pieza días, meses o años atrás. De las 37 joyerías que hay tras la muralla, otras cinco tienen banderas mexicanas en sus puertas, pero según sus dueños es sólo para que los turistas de México se animen a entrar, pues tienen fama de ser los principales compradores de esmeraldas al menudeo.

Está seguro de que un día pisará el suelo mexicano porque se lo ha pedido a la Virgen del Tepeyac. La guadalupana no le ha cumplido el encargo, pero cree que le ha ayudado a pagar sus deudas y que pronto, en un año o dos, le ayudará a recorrer el México blanco y negro que está en su memoria. Y se resigna cuando piensa que esa época es la que se fue.

domingo, 2 de agosto de 2015

Reportaje - Adrian Roa


EL SECRETO DE LA CASA VARGAS


  • La casa significa historia viva para Cartagena
  • El pintor Camilo Calderón la restauró en 1994
Cartagena, Colombia.
Por: Adrián Roa M.


Lucía cumple diez años y en la mesa de la casa Vargas un pastel la celebra. Sus amigas aplauden corriendo de un lado para otro. La casa Vargas se contagia de esa energía de flores y globos, digno de una celebración infantil. Los cuadros de la familia cuelgan en lo alto de las paredes. Donde alguna vez hubo telarañas hoy predomina un ambiente de aire acondicionado y luz, mucha luz.

No cabe duda, Lucía es la más sonriente, faltaba más. Hace una pausa antes de soplar a las velas del pastel. Rellena sus pulmones con el aire de la habitación y cierra los ojos. ¿Qué deseo va a pedir?

La mamá de Lucía se llama Carolina Vélez. Tiene 40 años y trabaja como administradora del restaurante Oh! là là, sitio donde se celebra la primera década de vida de su hija. Lucía no lo sabe, porque es muy joven, pero la casa Vargas guarda un secreto. Quizás se revele como sorpresa para su cumpleaños número diez.

Raúl Paniagua se une a la celebración acompañado de su esposa Rosa Díaz. La pareja conoce a Carolina “desde chiquita” y sienten un aprecio especial por la pequeña Lucía. El matrimonio es de sociólogos investigadores. No es casualidad que ellos guarden entre su trabajo una pista de ese secreto.

En 1991, los Paniagua escribieron un libro relacionado al tema: Getsemaní. Historia, patrimonio y bienestar social de Cartagena. La casa Vargas se encuentra en Getsemaní. Y la historia de Getsemaní se encuentra en la mesa donde Lucía sopla con todas sus fuerzas para que el fuego de las tres velitas, que no fueron diez, se apague de golpe.
       
Cartagena, después de dos siglos de haber sido fundada, vivió dividida en cinco barrios: La Merced, San Sebastián, Santa Catalina, Los Jagueyes y el Arrabal de Getsemaní. Este último distanciado de los demás. En el lugar se ubicaron las personas de moderados recursos, hecho que motivó la construcción de casas de un piso. Las de mayor comercio, cercanas a la calle de la Media Luna, calle Larga o playa Arsenal, contaban con dos pisos y entre piso.

Pero, ¿quiénes fueron los Vargas?, lanzo la pregunta entre gritos y desmanes de niños. “La familia Vargas era una institución como lo eran distintas familias de respeto en el barrio: los Vargas, los Caballero, los Castro”, contesta Rosa desde el lado izquierdo de la mesa. La señora de Paniagua ha vivido en el barrio desde que tiene memoria, “desde mi abuelo que fue general de guerra”, dice.

Francisco Vargas y Purificación Vélez se casaron. Gracias a su trabajo como reparador de barcos, el negro Vargas construyó una casa de valores y de criterios para su familia. Sus mejores aliados: el mercado y el mar, junto a ellos, los Vargas ganaron el respeto que pocos en el barrio obtenían a inicios del siglo XX. La casa se ubica en el callejón que lleva su apellido. El significado para la ciudad de Cartagena es el de historia viva.


Getsemaní era como una pequeña ciudad donde no había necesidad de salir. Era un barrio marginal pero no pobre”, añade Rosa. La autenticidad del barrio se refleja en la personalidad de sus habitantes. Una vecina vertió hace años los recuerdos que le quedaban de la casa Vargas. Esto fue lo que escribió:

Lo que recuerdo en mis memorias de infancia era la presencia de una señora encantadora llamada “Maggie” Vargas que nos embriagaba a mi amiga Gloria Madrid, y yo, de sus sueños, muy soñadores. Y de su espera indefinida de su enamorado. Señor que nunca conocí”.

Carolina señala el cuadro blanco y negro (en realidad todos los cuadros del lugar están en blanco y negro) del rincón. “Ella es Maggie Vargas, la loquita”. Carolina comenzó el rescate de las antiguas fotografías para preservar la memoria de la casa. “El de allá es Eusebio Vargas Vélez, médico fundador de la Clínica Vargas”. En la colección de imágenes se encuentra Francisco Pacho Vargas, primer gobernador de color del estado Bolívar.

Getsemaní conoció un periodo de decadencia por el cierre de su mercado. En 1978 los Vargas abandonaron la casa. Con la familia también se despidió la heladería El Poleto, el teatro Padillo Rialto, entre otros atractivos de culto en el lugar. La casa Vargas volvió a la vida hasta 1992. La propiedad fue adquirida por Camilo Calderón Forero, un pintor colombiano que siempre ha vivido cerca del mar. El artista reparó las grietas y las fisuras que para entonces ya sufrían las paredes y el techo.

Tampoco es casualidad que ahora, en el festejo de Lucía, se encuentre Camilo. Esta es su casa, la casa Vargas. Con un movimiento de manos Camilo me invita a recorrer el resto de la propiedad. ¿Quién más que el actual dueño para conocer el secreto de este lugar?, me pregunto. Atravesamos un patio a oscuras. Un elevador nos sube a la terraza. La noche es fresca y el ruido de la calle se escucha lejos.

Los cuadros los pienso de una manera pero siempre terminan de otra”. El artista piensa en voz alta. Recorremos un pasillo hasta llegar a las afueras de un cuarto. “¿Qué hay adentro?”, pregunto. Camilo no contesta. “Las obras de arte tienen vida propia y al final ya nunca te pertenecen, por eso uno quiere seguir creando”. 

La puerta se abre. El secreto es revelado: es un taller de pintura, “el mejor de Cartagena”, según Camilo. En el interior encuentro el Eterno Presente, nombre de su más reciente exposición. Es decir, el secreto es el mundo de un artista incansable. La mayor de sus obras: la restauración de esta casa, la de los Vargas.  
























Dibujos y fotografías cortesía de Camilo Calderón Forero

jueves, 30 de julio de 2015

Crónica, por Laura José

Disgusto ciudadano por protestas de taxistas

Superintendencia de Transporte anuncia medidas contra abusos de conductores 


EFE/ Reuters 


Laura José Martínez 


COLOMBIA - Las marchas y protestas protagonizadas ayer por miles de taxistas en seis ciudades capitales del país, exigiendo estrictas regulaciones a alternativas de transporte ilegales, consiguió el repudio en los usuarios de este servicio y no su apoyo frente a la causa, según lo recopilado de diferentes medios locales (Léase: taxistas de principales ciudades de Colombia protestan contra Uber)


Los líderes de la mesa de taxistas en Bogotá consiguieron programar una reunión mañana viernes en el Ministerio de Transporte, en la que participarán el viceministro de Transporte, Enrique Nates y el director de la Policía de Tránsito, coronel Juan Francisco Peláez; con este logro se suspendieron los bloqueos en todo el país. La Superintendecia de Puertos y Transporte informó ayer por medio de un comunicado de prensa, que según las conclusiones y compromisos alcanzados en la reunión de mañana, intervendrán con medidas y de ser necesario, sanciones al gremio de taxistas por los abusos denunciados ante esta entidad. La Súper anunció que presentará un informe con los casos específicos de las ciudades capitales de Colombia, documento que expondrá el lunes por la mañana en rueda de prensa.


En Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Cartagena, a parte del lento andar de toda clase de vehículo por las calles, las redes sociales evidenciaron los diferentes temas que preocupan a la ciudadanía: maltratos verbales y físicos de los conductores en contra de los usuarios y la competencia ilegal, y cobros exagerados en las carreras para las ciudades que no utilizan taxímetro. Cartagena y Medellín fueron las ciudades donde los habitantes evidenciaron más inconformismo con la jornada de protesta. Principalmente la marcha fue contra de la plataforma tecnológica Uber y los servicios de lujo que presta en movilización de personas. Ayer, la Agencia EFE dio a conocer que se creó una “alianza internacional” de taxis que realizará diferentes actividades en contra de la incursión de Uber en latinoamérica – entre ellas México DF, San José y Bogotá - sin regulaciones mayores en las tarifas de las carreras, pago de impuestos y permisos de circulación (Léase: alianza internacional de taxistas protesta contra Uber en tres capitales).

Los diferentes bloqueos, arengas y altercados en el orden público, provocaron que la ciudadanía le temiera más a la “fuerza amarilla” y no los respaldaran donde se registraron inconvenientes.

Cartagena fue la más afectada: los ánimos de los ciudadanos están alterados desde inicios de esta semana, porque se presentó una denuncia penal contra un conductor que agredió a su pasajera; el lunes por la noche, una turista antioqueña fue atacada por un taxista que no aceptó que a la mujer le faltaran mil pesos para pagar completo el servicio prestado. Una menor de diez años resultó con heridas en su cara producidas por el mismo hombre. Testigos del suceso avisaron a la Policía y en pocas horas se capturó al agresor (Léase: mujer antioqueña fue agredida por taxista en Cartagena); a esto se suma que dentro de la marcha de ayer, taxistas fueron grabados por ciudadanos cuando pinchaban llantas a prestadores de servicio de transporte especial, gritaban a ciudadanos para que no se movilizaran, acosaban a los taxistas que no defendieron el paro nacional, y bajaban por la fuerza en medio de insultos a los usuarios de los taxis que sí trabajaron (Véase: VIDEO taxistas le pinchan las llantas a una Duster de servicio especial). El inconformismo de los usuarios viene de años atrás en especial porque las autoridades locales no exigen el uso de taxímetro, un aparato que regula el kilometraje recorrido por el vehículo y cobra el servicio con precios fijos; medios locales como El Universal, han dispuesto una sección dentro de su versión virtual que alimenta semanalmente con denuncias ciudadanas en contra de los abusos protagonizados por los taxistas. El tema está vigente en las instituciones públicas como el Concejo Distrital y la Asamblea Departamental de Bolívar, mas las discusiones no llegan a puntos concretos y se siguen presentando las mismas irregularidades (Léase: SECCIÓN Abusos de taxistas en Cartagena).

Las vías de acceso a una de las ferias de moda más importantes de América Latina, Colombiamoda, en la ciudad de Medellín (Antioquia) fueron bloqueadas por más de una hora en protesta contra la aplicación Uber, que tenía dentro del evento un puesto publicitario; Luis Fernando Vargas, vicepresidente de la organización Somos Taxistas Medellín confirmó a medios locales que la cólera de los amarillos se produjo porque Uber regaló en medio del paro dos viajes gratis a sus usuarios entre las seis de la mañana y siete de la noche. “Protestamos contra esta alcaldía que nos dio la espalda, porque dicen que están haciendo operativos contra Uber y lo que realmente hacen es favorecerlos”  (Léase: taxistas bloquean accesos a Colombiamoda en protesta por Uber). Las proyecciones de Colombiamoda para esta versión del 2015 es que se presenten 11 mil compradores nacionales e internacionales, con una expectativa de negocios por más de 300 millones de dólares. Las manifestaciones de los taxistas aunque no resultaron en eventos agresivos en contra de los participantes, sí influyeron para que los asistentes prefirieran permanecer dentro del centro de convenciones y evitaran conocer otros atractivos de la ciudad.




miércoles, 29 de julio de 2015

Crónica- Carlos Piedrahita


Colombia escarba por sus desaparecidos

Inició la operación judicial de exhumación más grande en la historia del país.

(AFP)

Fotografía:AFP
En un relleno para desechos de construcción ubicado en la Comuna 13 de Medellín -la segunda ciudad más poblada de Colombia-, inició el lunes pasado la búsqueda de los desaparecidos, que según paramilitares desmovilizados en 2002 y 2006 y algunos testigos, fueron enterrados en éste lugar para ocultar los delitos cometidos en medio de la disputa por el territorio, entre ejército nacional y paramilitares contra milicianos de los grupos guerrilleros FARC y ELN.


Cerca de 400 familiares de víctimas llegaron al inicio de las labores para manifestar su esperanza de encontrar en ‘La Escombrera’ a los cerca de 90 desaparecidos del sector, aunque organizaciones de derechos humanos aseguran que en éste lugar hay más de 300 cuerpos de desaparecidos de todo Colombia. “Es un evento histórico, no solamente para las víctimas de las comunas de Medellín y para sus familiares, sino para el proceso de reparación de víctimas en toda Colombia”, dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que también estuvo en el lugar para acompañar el evento.


El sector conocido como ‘La Escombrera’ ha sido aplanado por más de 10 años por las volquetas que vierten desechos de construcción en el lugar, ésto obliga a que los primeros dos meses del proceso sean con maquinaria pesada para remover 20.000 metros cúbicos de tierra. Luego se iniciará un cuidadoso trabajo manual para buscar los restos de la ropa o de los cadáveres de las víctimas.

La Comuna 13 de Medellín fue escenario de la disputa del Estado y los paramilitares contra las guerrillas de izquierda que ocupaban el sector desde los años 90, quienes utilizaban a la población como escudo humano. Este enfrentamiento se intensificó con la política de ‘Seguridad democrática’ del presidente Álvaro Uribe, que fue inaugurada de manera simbólica en el 2002 con una serie de operaciones militares en este barrio. El repliegue de los guerrilleros abrió paso a la ocupación del ‘Bloque Cacique Nutibara’ de las AUC –grupo paramilitar colombiano desmovilizado- que victimizó a los civiles estableciendo su control a través del miedo y las desapariciones selectivas.

"Cuando me enteré -de la excavación-, me puse contenta porque vi que había una esperanza", dijo a la AFP Luz Ángela Velásquez, vecina de la zona, que no ve a su esposo desde el 28 de octubre de 2002, días después de la llamada operación Orión. Las cifras oficiales hablan de más de 45.000 desaparecidos en circunstancias similares a las del esposo de ésta mujer en todo el país, para engrosar una cifra que como afirmó Ana Teresa Bernal, alta consejera para los derechos de las víctimas y la reconciliación en Bogotá, hace que “los números de los desaparecidos en Colombia superen de largo los de todas las dictaduras latinoamericanas”.

Aunque la iniciativa da un paso importante en la búsqueda por la verdad y la reparación de las víctimas, en el lugar fue inevitable la tristeza y el llanto de los familiares que marcharon con camisetas blancas, flores, siluetas negras de cartón y fotos de los desaparecidos. “Empieza la esperanza de darle a mi hijo cristiana sepultura, llevarlo a otro lugar para que no lo pisoteen más con toneladas de escombros, con injusticia e impunidad” dijo María Gloria Olguín, madre de un desaparecido.

El costo de este proyecto “en la primera etapa, que ha sido asumida en buena parte por la Alcaldía de Medellín, es cercana a los mil millones de pesos”, aseguró el ministro de Interior quien además dijo a los presentes, “Iremos hasta las últimas consecuencias en la búsqueda de la verdad y hasta la última víctima desaparecida que esté acá, debajo de estos escombros”. Se espera que dure 5 meses la remoción de la tierra necesaria.