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miércoles, 12 de agosto de 2015

Reportaje III - Lucía Demarchi y Marcy Alejandra Rangel

Villa Gloria: tierra negra en desalojo

El asentamiento se encuentra en La Boquilla y aloja a 142 familias

Lucía Demarchi
Marcy Alejandra Rangel


Cartagena de Indias. Gloria Sánchez nació una tarde de 1961 en La Boquilla. Su madre la sintió venir a las 3, cuando el dolor la obligó a agacharse y parirla en medio de un aguacero. “Mira qué bendita he sido yo”, dice, definiendo su historia como un cuento macondiano. Cuando sus ojos color aceituna miraron por primera vez a su padre él la apodó Muñeca. Ella sabe exactamente cuál es ese pedacito de tierra en el que lloró por primera vez. Es a unos metros de su casa, en un barrio que ahora lleva su nombre: Villa Gloria. Un barrio al que define como territorio negro, palenquero y raizal; como una recuperación de tierras ancestrales; como un espacio común a 142 familias asentadas allí desde hace 22 años. Pero para el Estado, Villa Gloria tiene otra connotación: una zona invadida, de riesgo para quienes la habiten y amenazada por quienes la habitan. Allí el desalojo fue ordenado en 2014, aunque jamás ejecutado. Gloria dice que quieren sacarlos de ahí para continuar la construcción de macroproyectos turísticos. 

Gloria tiene 54 años. Es la representante legal del Consejo Comunitario de Villa Gloria. Tiene tres hijas y nueve nietos; seis de ellos, mujeres. “Esto es un gran matriarcado”, bromea, aunque lo dice en serio. Gloria está sentada en una silla sobre una calle de tierra en la puerta de su casa de madera que levantó Alfonso, su marido. Lo controla todo con los ojos de aceituna. Esta vez no se puso el turbante y acomoda su cabello crespo abriendo y cerrando la mano, aunque no hace falta: no se mueve.

Gloria Sánchez, La Muñeca
El Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena dice que cada una de las calles de la ciudad debe ser estudiada a fondo para declararla habitable o no. En estos parámetros, Villa Gloria no lo es: es zona de alto riego y reserva. Para la Muñeca, esto es sólo una excusa que el Estado utiliza para no invertir.

La Muñeca cuenta que desde la ocupación de los terrenos en 1993, los vecinos de Villa Gloria se enfrentaron a 20 intentos de desalojo violentos contra el Ejército y la Policía; a una manada de ganado salvaje que fue liberada para que nadie pudiera transitar sus calles; a grupos paramilitares que instalaron en la zona para meter miedo. A Gloria le quemaron la casa, la metieron presa dos meses, incluso hoy recibe amenazas. Por eso, dice, ya no duerme en su casa. Ni ella ni sus nietos. Incluso a las dos mayores las envió a vivir a Bogotá, porque amenazaban con violarlas.

La lucha de Villa Gloria es por la tierra. Ese pedacito de La Boquilla y el barrio de al lado, Mar Linda, son “oro en polvo”para los inversores inmobiliarios, y por eso quieren quedarse con sustierras. Eso es ahora, pero las historias tienen un principio. El del caserío como tal se remonta a 1993, cuando unas 140 familias decidieron “recuperar” esas tierras del Estado que habían sido cercadas por un privado sin autorización. Ese año se promulgó la Ley 70, también conocida como la Ley de Comunidades Negras, que se desprende del artículo 55 de la Constitución de 1991. Allí se reconoció un tipo de ciudadanía distinta a la que oficialmente se estipulaba en la Constitución de 1886, que sugería la existencia solamente de una Colombia blanco-mestiza y católica. Desde entonces, existe oficialmente “la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”.

La Ley define como comunidad negra al conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos. Para Gloria, se trata de un concepto más terrenal. “Ser negro significa la lucha histórica que dieron los ancestros. Por su libertad, por dejarnos un legado. Una historia que es diferente a la del blanco. Fueron los ancestros los que llevaron la peor parte en la época de la colonia. Para el pueblo negro no ha sido fácil tener un lugar. Nos han discriminado, nos han señalado, pareciera que todo lo negro es malo”, dice.

“Nosotros nunca le llamamos invasión. Este es un territorio ancestral y vinimos a recuperarlo”. En julio de 2014, un fallo del Tribunal Administrativode Bolívar estableció que Villa Gloria debía ser reubicada porque se trata de una zona de alto riesgo en dos sentidos: para las familias que viven allí, porque es bajamar y, por lo tanto, tierra inundable, y además reserva ecológica-ambiental.

Rita López Orozco es personera delegada para la comunidad. Ha sido la encargada de intervenir en las consultas previas que se hacen ante cada proyecto que se va a realizar en Villa Gloria. “Le dan viabilidad a los proyectos inmobiliarios pero no a ellos para que se queden. Los proyectos fueron aprobados por el distrito, tienen licencias de las curadurías. En ese sector presentaron una acción popular, pero el fallo fue a favor del distrito”, rememora.

La Muñeca acepta la pérdida de la batalla judicial que ordena el desalojo, porque en ella misma está la posibilidad de poder permanecer allí. Es que el mismo fallo establece condiciones para la reubicación de la población que, a su criterio, son imposibles de cumplir: que los vecinos no pueden ser relocalizados a más de dos kilómetros del litoral costero. Además, por tratarse de una población rural, el nuevo predio no puede estar en una zona urbana. “Si eso es así, no hay dónde poner a Villa Gloria. Debe haber mar, ciénaga y tierra, porque somos pescadores y agricultores”.





Gloria dice que para los negros los espacios son definitivos: “Esta playa es mía, me ha dado la vida, aquí he sostenido a mi familia, de ahí saco mi diario vivir y voy y me baño cuantas veces se me da la gana ahí. Y voy y me mojo los pies cuantas veces yo quiero. Yo me reconozco como negra y me siento bella, yo soy negra y quiero seguir siéndolo”.



viernes, 7 de agosto de 2015

Reportaje 2, por Laura José

Matrimonio católico por segunda vez, la historia de una nulidad


La fe cristiana abre una puerta para quienes demuestren que su boda fue un error


 Por Laura José Martínez 


Lo que más le dolió a la profesora Katia Paternina Madrid, fue quedar con fama de puta en el municipio de Turbaco (Bolívar), donde reside. En 1987 teniendo solo un título de bachiller, contrajo matrimonio católico con un afamado médico de aquel pueblo. La felicidad les duró 14 años: el eterno amor se fracturó por infidelidades, maltratos verbales, engaños, y otros delitos que figuran en decenas de papeles civiles que Katia guarda para argumentar mejor su historia. Ella consiguió ante el Vaticano que su matrimonio fuera declarado nulo.

Katia Paternina junto a su esposo, Jaider Murillo. FOTO: Cortesía
La Iglesia Católica no hace divorcios como los que se ofician ante las notarías del Estado colombiano: un juez civil declara que el vínculo se disuelve y quedan hombre y mujer oficialmente con una expareja. Por el lado canónico, un juez eclesial resuelve que esa unión nunca tuvo efecto ante los ojos de Dios, que la celebración del sacramento no fue válida y por eso jamás existió un vínculo entre los contrayentes.

Son 11 álbumes de fotos que conserva Katia a sus 46 años de edad, con imágenes opacas por el paso del tiempo. Hay unas rasgadas a mano, otras tienen recortes donde se supone alguna vez estuvo la humanidad de su exesposo. En pocas aparece el médico completo. Su vista se pierde en los detalles de las fotos, por momentos es ruda con ellas y en otras se le llenan los ojos de lágrimas.

Así, quedan ambos ‘señoritos’.

Natal de una pequeña ciudad (Sincelejo - Sucre) con familia comerciante acomodada de estrictos valores católicos, Katia recuerda que su tormento no fue con las múltiples mozas de su adorado conyugue - porque afirma que siempre lo amó, hasta el último día de convivencia- : esos que la criaron la empujaban a soportar con paciencia los ultrajes “porque ese es el hombre que Dios te dio”, “esa es tu cruz y debes aceptarla”, “¿quién te va a mantener con los lujos que tienes?”, “¿qué les vas a decir a tus niñas, que su papá es un mujeriego hijueputa?”.
El sacerdote José Fernando Álvarez en su despacho parroquial
del Templo de Santo Toribio (Centro Histórico de Cartagena).
Detrás de él, los libros con las actas matrimoniales.
FOTO: Laura José Martínez

El divorcio civil se legalizó en 2006, le tomó tres meses e invirtió un poco menos de $300 mil. La odisea comenzó al decidir romper hasta los vínculos celestiales en 2008: cinco años demoró su proceso hasta obtener la firma y sello del Papa Benedicto XVI, e invirtió alrededor de $10 millones. Una sonrisa sale de sus labios, respira con lentitud y añade “pero valió la pena, me siento libre”.

“Me di cuenta que en las misas dominicales la gente me miraba extraño, algunos conocidos me negaban el saludo, poco a poco en mi grupo de oración me quitaron responsabilidades que tenía años de llevar. Entendí cuando en una prédica el sacerdote hablaba de los hogares rotos y el papel de la mujer al cuidado de esposo y los hijos, y me miraba y señalaba. No dijo mi nombre pero me estaba hablando. A mis niñas les decían a mis espaldas ‘cuidado con seguir los caminos de tu mamá’”.

El Padre José Fernando Álvarez es Vicario Judicial de la Arquidiócesis de Cartagena desde 2001, es quien lleva los trámites de nulidad desde el Tribunal Regional de Barranquilla. Según las estadísticas de su despacho, del territorio que le corresponde desde Cartagena hasta el municipio del Carmen de Bolívar, le llegan 32 solicitudes de nulidad por año. Los casos son estudiados de manera individual y deben resolverse en máximo 15 meses; los precios por proceso varían dependiendo del estrato matrimonial, así hay quienes cancelan un millón de pesos y otros nueve.

Asegura el religioso que “lastimosamente hay quienes se creen moralmente mejor que otros, entran a juzgar sin conocer el dolor del prójimo y toman la fe como excusa para maltratar y excluir. La Iglesia no consiente esos comportamientos: el Papa Francisco nos ha hablado por estos días de acogida a parejas divorciadas, de acompañamiento profundo y entendimiento”.

Katia acompañada de su esposo Jaider y dos
de sus hijas, Lia y Loredana.
FOTO: Cortesía
El primero de noviembre de 2013, Katia se casó ante la Iglesia Católica vestida de blanco como una dama, con un docente que por cosas del destino se guardó sin hijos y sin esposa. Nadie de Sincelejo vino a la boda ni la llamaron, aunque los invitó a todos. Asiste a otro templo donde aceptan el peso de su historia, sus hijas hoy hechas adultas y su esposo tienen un lugar. Su ‘ex’ convivió con una bacterióloga por siete años y volvió a divorciarse, para finalmente casarse el cuatro de julio de 2015 por la Iglesia con una fisioterapeuta 26 años menor que él.


Su caso es como un cuento popular que se propaga entre sus conocidos. Se ha encargado de contarlo sin perder detalles para que quienes pasen por una situación similar, puedan encontrar respuestas claras. La exclusión sigue presente en su nueva vida, no falta quienes les reclamen ‘mayor discreción’ en las agarradas de manos, los besos en público y las expresiones de cariño. Ya eso no le importa ni le hiere. “Hay que luchar por ser felices. Hoy estoy tranquila con el hogar que siempre quise rodeada de un esposo tierno y mis hijas que me apoyan en todo”, concluye Katia.

lunes, 3 de agosto de 2015

Reportaje - Álvaro Pión Salas

El dolor de perder un
hijo a manos del Estado


En Colombia, entre 2002 y 2010, 1.211 asesinatos fueron
presentados como falsos positivos, según el Cinep.



Abelino Padilla, un hombre de 62 años, bajo de
estatura y fornido, espera el bus en el mismo lugar
donde el mayor de sus seis hijos fue visto por
última vez hace más de siete años.

Su primogénito, Victor Hugo, hace parte de las
cerca de 1.211 personas que han muerto en
Colombia por ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos),
entre 2002 y 2010, según el Centro de
Investigación y Educación Popular, Cinep. (Vea
otras historias en el portal Verdad Abierta)

Para Abelino y su familia esa no es más que una
"simple estadística" que no les ayuda a comprender
por qué su hijo, de 29 años al momento de la
desaparición, “fue asesinado a manos del ejército y
hecho pasar por guerrillero”.

La esquina de la carrera 5 con Murillo, en la entrada
del barrio La Central, en Soledad (Atlántico), es un
entorno bullicioso por ser un paso obligado para
rutas de buses urbanos y por la gran cantidad de motos
y carros que circulan por ahí.

Con las manos dentro de los bolsillos de su pantalón,
Abelino parece no percatarse del ruido a su alrededor y
solo trata de imaginar una escena, la misma que hoy,
hace 2744 días, un sábado 26 de enero del 2008 por la
noche, se llevó a cabo. “Dos hombres vestidos de
militares tomaron a mi hijo de las manos, como si fuera
un niño. Caminaron hasta una camioneta que estaba a unos
20 metros de distancia y se lo llevaron”, cuenta como si
estuviera viendo la camioneta arrancar en ese preciso instante.

Padilla deambula por las calles del barrio con un andar lento,
repitiendo los pasos que alguna vez su hijo dio cuando
trabajaba vendiendo agua. Cada día llenaba dos tanques con
el líquido, los montaba en una carreta que se sujetaba a los
hombros para jalarla y salía a venderlo.

“Mi hijo era un hombre tranquilo. Tenía un genio fuerte pero
siempre fue muy servicial”, recuerda Abelino deteniendo su
caminata y sentándose en una silla bajo la sombra de un roble,
sembrado al pie de una tienda del barrio. Pide una gaseosa.
Toma un sorbo para refrescarse la garganta y darse valor para
contar la historia que “cambió su vida”. 


Todo comenzó unas tres semanas antes de que desapareciera
Víctor Hugo. Relata que llegó a casa con la idea de que se
marchaba porque había conseguido un trabajo. “Guardó ropa
en una bolsa y se fue”, expresa con una velocidad que
contrasta con su andar, como queriendo sacarlo todo de una
vez. Sin embargo esa misma noche “regresó cabizbajo".

La misma situación se repitió un par de veces con el mismo
resultado. Por eso cuando el sábado 26 de enero salió de casa
nuevamente con su hatillo, Abelino pensó que iba a regresar.
“Esa noche había fiesta, estábamos en pleno Carnaval”,
recuerda fijando la vista en un punto distante. Bebe
mecánicamente un poco más de refresco y prosigue su relato.

Solo hasta el martes 29 de enero se enteraron de la noticia.
A las 6:30 de la mañana recibió la llamada de un amigo.
“Empezó a preguntarme con insistencia si me encontraba
bien. Me dijo que si había comprado el periódico, porque
aparecía una foto de Víctor muerto”. Enseguida mandó a
comprar el periódico y efectivamente se encontró frente a
un Víctor que no le devolvía la mirada, ni le hacía un
comentario gracioso ni le sonreía, como tantas veces lo había
hecho.

Asegura que salió de su casa hacia medicina legal con un solo
propósito: no regresar hasta recuperar el cuerpo de su hijo.
Afirma que lo más duro fue identificarlo. En la camilla no veía
al hombre con quien tomó cervezas, compartido el almuerzo o
discutido, en diferentes ocasiones. “Mi hijo nunca tuvo corte
militar y mucho menos usaba camuflado”, explica recostándose
en la silla, con la mirada esquiva.

El cuerpo de Víctor fue hallado a unos 90 km de dónde fue visto
por última vez, en las faldas de la loma ‘El sastre’, en Cien Pesos,
corregimiento del municipio de Repelón (Atlántico). Tenía dos
impactos de bala en la espalda, “como si lo hubieran puesto a
correr primero para dispararle después”, comenta.


El 27 de enero de 2010, dos años después de la muerte de su
hijo, como una cruzada para “recuperar el buen nombre de
Víctor”, Padilla instauró una acción de reparación directa
contra la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ejército
Nacional, la cual fue resuelta a su favor por un juzgado de
Barranquilla. Pasa las manos crispadas por su cara. Arruga la
frente al pensar en los momentos difíciles que pasó su familia,
incluso su mujer “estuvo mal de los nervios”.

Manifiesta que con el paso de los años el corazón le ha ido
sanando. Ha pensado en su reacción si encontrara a los
victimarios de su hijo. No duda en reconocer que “los
perdonaría” porque nada le devolverá a Víctor Hugo. A
pesar de su falta de rencor, considera que “las víctimas del
conflicto deben ser reconocidas” pero aclara que “no solo las de
la guerrilla, sino también las del estado colombiano”, como su
hijo.   

Abelino se levanta de la silla y comienza el regreso a casa. Ahí
quedan pocos recuerdos de Víctor Hugo. Todas sus pertenencias
se las echaron en la tumba, en una especie de ritual familiar.
Solo las memorias de sus familiares, alimentadas por
portarretratos esparcidos en el hogar, son testigos de su
presencia en la tierra. A Abelino también le queda la esquina que
visita cada tanto, en un intento por entender porqué escogieron
a su hijo entre cientos de soledeños.