Crónica II, por Laura José

La palma aceitera compromete la supervivencia rural

Organizaciones campesinas de María La Baja acusan a terratenientes de daños ambientales y desplazamiento forzado

Evelio Pacheco Rodríguez, en la plantación de palma que cuida. FOTO: Jorge Giraldo Calle.

Pequeños agricultores del municipio de María La Baja, señalan que el negocio de la palma de aceite les ha traído contaminación, escases de alimentos y desalojos. “El problema no es la planta; son los terratenientes que imponen reglas que solo los benefician a ellos y nos obligan a buscar otras tierras para sembrar y vivir”, afirma Dominga Ospino, presidenta de ASOCAFRO (Asociación de Campesinos y Campesinas Afro de María La Baja).

Los colectivos sociales que reconocen estos problemas, temen que se presenten episodios de violencia selectiva como ocurrió en el departamento del Cesar con líderes opositores al monopolio; en 30 años de operación de la planta Palmas del Cesar, 25 miembros de sindicatos fueron asesinados por grupos ilegales. En versiones libres de paramilitares, la justicia colombiana ha conocido que las muertes fueron provocadas para favorecer esta industria, abaratando los precios de la tierra y obteniendo mano de obra mal paga.

María La Baja es un poblado al norte del departamento de Bolívar que desde la década de los 50 ha sufrido el conflicto armado del país. Los grupos al margen de la ley, se fijaron en estas tierras por ser de los suelos más fértiles en la región y tener un distrito de riego que funciona todo el año.

Las dificultades que trajo el cultivo

El costo socioambiental no es rentable para los pobladores de las Marías. En 1998, al negocio palmicultor ingresaron campesinos que alquilaban o vendían sus tierras para acceder a los retoños gratuitos que otorgaba el Gobierno Nacional. Lo que a finales del siglo XX eran paisajes de arroz, plátano y maíz, hoy solo lucen corozos que no son comestibles.

“Nos empujan a un desplazamiento forzoso porque no tenemos tierras para sembrar. Hay que salir del pueblo a trabajar en las ciudades y así mantener nuestras familias”, comenta Fulgencio Batista, campesino montemariano. El OCC (Observatorio del Caribe Colombiano) advirtió en 2013 que “entre 2005 y 2011 la población de la región Caribe se hizo más urbana que rural: los campos y veredas de la región se están quedando solos, mientras que las grandes urbes se están superpoblando y esta tendencia seguirá hasta el 2019. (…) Del total de los 9 millones 100 mil habitantes que tiene aproximadamente la región, el 72% está concentrado en las ciudades y cabeceras municipales”. El OCC describe que entre una de las razones del desplazamiento interno, está el impacto de la palma en la economía rural.

La siembra del pancoger se trasladó a zonas sin carreteras ni agua potable, lo que provocó que los alimentos básicos subieran sus precios. El informe del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) “Los Montes de María: análisis de la conflictividad” de 2010, advierte que poblados vecinos a María La Baja les llevan alimentos para abastecerlos. Un kilo de arroz en 2005 podía costar $500 y al 2009 se encontraba en $2.000.

Evelio Pacheco Rodríguez, un campesino que entró a la palmicultura, asevera: “Antes en cualquiera de nuestras fincas encontrábamos los ojos de agua (fuentes hídricas naturales), hoy no los tenemos porque la palma chupa mucha agua de la tierra. Lo único que nos queda es la represa y a mí me da miedo usarla: uno puede ver cómo baja la porquería de las palmas, viene hedionda y negra por el poco de químicos y fertilizantes que le echan”. El Colectivo de Comunicaciones de los Montes de María, informó el pasado 2 de mayo sobre la muerte masiva de peces en los cuerpos de agua donde desembocan los desechos de las plantaciones, mas sus acusaciones no obtuvieron respuestas de la administración departamental.

El negocio en cifras

Colombia es el cuarto productor de palma en el mundo y el primero en América Latina, con más de 50.0000 hectáreas sembradas y una producción anual que supera los 1,2 millones de toneladas de aceite crudo, según Fedepalma (Federación Nacional de Cultivadores de Palma). Datos del Ministerio de Comercio indican que el país exportó 233 millones de dólares en 2014, un 28,8% más que en 2013.

A nivel mundial, la industria de la palma maneja más de 45.000 millones de euros, según la gestora de fondos Green Century Capital Management, y la rentabilidad del negocio crece anualmente sobre el 5%. El “óleo rojo” – llamado así por su color -, tiene dos grandes ventajas en el mercado: es el aceite comestible más barato – en junio pasado una tonelada costaba 638 dólares, mientras que la soja 744 dólares, el coco 1.131, y el girasol 1.538 -; y su uso es tan amplio que se puede encontrar en cosméticos, alimentos para humanos y animales, medicinas y biocombustible. Si bien la rentabilidad es apetitosa para los inversores, los mismos problemas señalados en María La Baja son la realidad que afrontan países como Malasia, Indonesia, Papúa Nueva Guinea y la República Democrática del Congo, después de invertir en la agroindustria.

Soluciones para el sector

Luis Fernando Castro, presidente de Bancoldex, aseguró el 2 de junio pasado en el Congreso Nacional Palmero, que el Gobierno abrirá tres líneas de crédito para impulsar a los palmicultores con 28.050 millones de pesos. Pero no parece ser suficiente para aliviar el malestar generado. “Es que la plata que promete el Gobierno va derecho a los grandes señores que son los propietarios de los cultivos, y nosotros seguiremos igual. Aquí tienen que venir entidades internacionales, ya tocamos puertas en la Defensoría Nacional del Pueblo y la Personería para que nos ayuden, pero hay que esperar porque son temas delicados para denunciar” concluye Dominga Ospino.

Reportaje - Álvaro Pión Salas

El dolor de perder un
hijo a manos del Estado

En Colombia, entre 2002 y 2010, 1.211 asesinatos fueron
presentados como falsos positivos, según el Cinep.

Abelino Padilla, un hombre de 62 años, bajo de
estatura y fornido, espera el bus en el mismo lugar
donde el mayor de sus seis hijos fue visto por
última vez hace más de siete años.

Su primogénito, Victor Hugo, hace parte de las
cerca de 1.211 personas que han muerto en
Colombia por ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos),
entre 2002 y 2010, según el Centro de
Investigación y Educación Popular, Cinep. (Vea
otras historias en el portal Verdad Abierta)

Para Abelino y su familia esa no es más que una
"simple estadística" que no les ayuda a comprender
por qué su hijo, de 29 años al momento de la
desaparición, “fue asesinado a manos del ejército y
hecho pasar por guerrillero”.

La esquina de la carrera 5 con Murillo, en la entrada
del barrio La Central, en Soledad (Atlántico), es un
entorno bullicioso por ser un paso obligado para
rutas de buses urbanos y por la gran cantidad de motos
y carros que circulan por ahí.

Con las manos dentro de los bolsillos de su pantalón,
Abelino parece no percatarse del ruido a su alrededor y
solo trata de imaginar una escena, la misma que hoy,
hace 2744 días, un sábado 26 de enero del 2008 por la
noche, se llevó a cabo. “Dos hombres vestidos de
militares tomaron a mi hijo de las manos, como si fuera
un niño. Caminaron hasta una camioneta que estaba a unos
20 metros de distancia y se lo llevaron”, cuenta como si
estuviera viendo la camioneta arrancar en ese preciso instante.

Padilla deambula por las calles del barrio con un andar lento,
repitiendo los pasos que alguna vez su hijo dio cuando
trabajaba vendiendo agua. Cada día llenaba dos tanques con
el líquido, los montaba en una carreta que se sujetaba a los
hombros para jalarla y salía a venderlo.

“Mi hijo era un hombre tranquilo. Tenía un genio fuerte pero
siempre fue muy servicial”, recuerda Abelino deteniendo su
caminata y sentándose en una silla bajo la sombra de un roble,
sembrado al pie de una tienda del barrio. Pide una gaseosa.
Toma un sorbo para refrescarse la garganta y darse valor para
contar la historia que “cambió su vida”. 

Todo comenzó unas tres semanas antes de que desapareciera
Víctor Hugo. Relata que llegó a casa con la idea de que se
marchaba porque había conseguido un trabajo. “Guardó ropa
en una bolsa y se fue”, expresa con una velocidad que
contrasta con su andar, como queriendo sacarlo todo de una
vez. Sin embargo esa misma noche “regresó cabizbajo".

La misma situación se repitió un par de veces con el mismo
resultado. Por eso cuando el sábado 26 de enero salió de casa
nuevamente con su hatillo, Abelino pensó que iba a regresar.
“Esa noche había fiesta, estábamos en pleno Carnaval”,
recuerda fijando la vista en un punto distante. Bebe
mecánicamente un poco más de refresco y prosigue su relato.

Solo hasta el martes 29 de enero se enteraron de la noticia.
A las 6:30 de la mañana recibió la llamada de un amigo.
“Empezó a preguntarme con insistencia si me encontraba
bien. Me dijo que si había comprado el periódico, porque
aparecía una foto de Víctor muerto”. Enseguida mandó a
comprar el periódico y efectivamente se encontró frente a
un Víctor que no le devolvía la mirada, ni le hacía un
comentario gracioso ni le sonreía, como tantas veces lo había
hecho.

Asegura que salió de su casa hacia medicina legal con un solo
propósito: no regresar hasta recuperar el cuerpo de su hijo.
Afirma que lo más duro fue identificarlo. En la camilla no veía
al hombre con quien tomó cervezas, compartido el almuerzo o
discutido, en diferentes ocasiones. “Mi hijo nunca tuvo corte
militar y mucho menos usaba camuflado”, explica recostándose
en la silla, con la mirada esquiva.

El cuerpo de Víctor fue hallado a unos 90 km de dónde fue visto
por última vez, en las faldas de la loma ‘El sastre’, en Cien Pesos,
corregimiento del municipio de Repelón (Atlántico). Tenía dos
impactos de bala en la espalda, “como si lo hubieran puesto a
correr primero para dispararle después”, comenta.

El 27 de enero de 2010, dos años después de la muerte de su
hijo, como una cruzada para “recuperar el buen nombre de
Víctor”, Padilla instauró una acción de reparación directa
contra la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ejército
Nacional, la cual fue resuelta a su favor por un juzgado de
Barranquilla. Pasa las manos crispadas por su cara. Arruga la
frente al pensar en los momentos difíciles que pasó su familia,
incluso su mujer “estuvo mal de los nervios”.

Manifiesta que con el paso de los años el corazón le ha ido
sanando. Ha pensado en su reacción si encontrara a los
victimarios de su hijo. No duda en reconocer que “los
perdonaría” porque nada le devolverá a Víctor Hugo. A
pesar de su falta de rencor, considera que “las víctimas del
conflicto deben ser reconocidas” pero aclara que “no solo las de
la guerrilla, sino también las del estado colombiano”, como su
hijo.   

Abelino se levanta de la silla y comienza el regreso a casa. Ahí
quedan pocos recuerdos de Víctor Hugo. Todas sus pertenencias
se las echaron en la tumba, en una especie de ritual familiar.
Solo las memorias de sus familiares, alimentadas por
portarretratos esparcidos en el hogar, son testigos de su
presencia en la tierra. A Abelino también le queda la esquina que
visita cada tanto, en un intento por entender porqué escogieron
a su hijo entre cientos de soledeños.

Crónica- Carlos Piedrahita

Colombia escarba por sus desaparecidos

Inició la operación judicial de exhumación más grande en la historia del país.

(AFP)

Fotografía:AFP

En un relleno para desechos de construcción ubicado en la Comuna 13 de Medellín -la segunda ciudad más poblada de Colombia-, inició el lunes pasado la búsqueda de los desaparecidos, que según paramilitares desmovilizados en 2002 y 2006 y algunos testigos, fueron enterrados en éste lugar para ocultar los delitos cometidos en medio de la disputa por el territorio, entre ejército nacional y paramilitares contra milicianos de los grupos guerrilleros FARC y ELN.

Cerca de 400 familiares de víctimas llegaron al inicio de las labores para manifestar su esperanza de encontrar en ‘La Escombrera’ a los cerca de 90 desaparecidos del sector, aunque organizaciones de derechos humanos aseguran que en éste lugar hay más de 300 cuerpos de desaparecidos de todo Colombia. “Es un evento histórico, no solamente para las víctimas de las comunas de Medellín y para sus familiares, sino para el proceso de reparación de víctimas en toda Colombia”, dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que también estuvo en el lugar para acompañar el evento.

(vídeo)

El sector conocido como ‘La Escombrera’ ha sido aplanado por más de 10 años por las volquetas que vierten desechos de construcción en el lugar, ésto obliga a que los primeros dos meses del proceso sean con maquinaria pesada para remover 20.000 metros cúbicos de tierra. Luego se iniciará un cuidadoso trabajo manual para buscar los restos de la ropa o de los cadáveres de las víctimas.

La Comuna 13 de Medellín fue escenario de la disputa del Estado y los paramilitares contra las guerrillas de izquierda que ocupaban el sector desde los años 90, quienes utilizaban a la población como escudo humano. Este enfrentamiento se intensificó con la política de ‘Seguridad democrática’ del presidente Álvaro Uribe, que fue inaugurada de manera simbólica en el 2002 con una serie de operaciones militares en este barrio. El repliegue de los guerrilleros abrió paso a la ocupación del ‘Bloque Cacique Nutibara’ de las AUC –grupo paramilitar colombiano desmovilizado- que victimizó a los civiles estableciendo su control a través del miedo y las desapariciones selectivas.

"Cuando me enteré -de la excavación-, me puse contenta porque vi que había una esperanza", dijo a la AFP Luz Ángela Velásquez, vecina de la zona, que no ve a su esposo desde el 28 de octubre de 2002, días después de la llamada operación Orión. Las cifras oficiales hablan de más de 45.000 desaparecidos en circunstancias similares a las del esposo de ésta mujer en todo el país, para engrosar una cifra que como afirmó Ana Teresa Bernal, alta consejera para los derechos de las víctimas y la reconciliación en Bogotá, hace que “los números de los desaparecidos en Colombia superen de largo los de todas las dictaduras latinoamericanas”.

Aunque la iniciativa da un paso importante en la búsqueda por la verdad y la reparación de las víctimas, en el lugar fue inevitable la tristeza y el llanto de los familiares que marcharon con camisetas blancas, flores, siluetas negras de cartón y fotos de los desaparecidos. “Empieza la esperanza de darle a mi hijo cristiana sepultura, llevarlo a otro lugar para que no lo pisoteen más con toneladas de escombros, con injusticia e impunidad” dijo María Gloria Olguín, madre de un desaparecido.

El costo de este proyecto “en la primera etapa, que ha sido asumida en buena parte por la Alcaldía de Medellín, es cercana a los mil millones de pesos”, aseguró el ministro de Interior quien además dijo a los presentes, “Iremos hasta las últimas consecuencias en la búsqueda de la verdad y hasta la última víctima desaparecida que esté acá, debajo de estos escombros”. Se espera que dure 5 meses la remoción de la tierra necesaria.