Crónica 2-Arturo Sánchez

El ejército en la mira de las críticas

La CIDH pide que los soldados respeten los derechos humanos

Arturo Sánchez Jiménez. México DF. El ejército mexicano continúa en medio de la controversia por su respeto a los derechos humanos. Las críticas vinieron esta vez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió este fin de semana al gobierno que investigue con imparcialidad la actuación de los militares en tareas “que le competen exclusivamente a la policía”.

El organismo revisó tres casos recientes en los que hay soldados señalados como responsables de la desaparición y asesinato de ciudadanos: una manifestación en julio en Santa María Ostula, Michoacán, donde un grupo de militares supuestamente disparó contra la población, lo que dejó dos muertos, uno de ellos un niño de 12 años; la participación de elementos del ejército, también en julio, en el secuestro y homicidio de siete personas en Calera, Zacatecas; y el caso Tlatlaya, ocurrido en junio de 2014. Ahí murieron 22 supuestos narcos, 15 de ellos asesinados por soldados cuando se habían rendido, de acuerdo con una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.(Lea aquí sobre los casos Ostula, Calera y Tlatlaya)

Sobre este último caso, la CIDH citó un informe del Centro ProDh, que indica que los asesinatos tuvieron lugar luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional, encargada del ejército, dio la orden de “abatir delincuentes en la oscuridad” para “reducir la violencia”.

“Las fuerzas armadas son entrenadas para la defensa de un país contra un enemigo externo, por lo cual carecen del entrenamiento adecuado para cumplir con la misión de hacer cumplir la ley”, sostuvo al organismo en un comunicado. Planteó que es fundamental la separación “clara y precisa” entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función del ejército.

Para la CIDH la historia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos.

No es la primera vez que un organismo internacional pide al gobierno que los soldados dejen de hacer actividades que le corresponden a la policía. En agosto pasado, Human Rights Watch sostuvo que el ejército mexicano "que no tiene la cultura de respeto a los DDHH”, por lo que debería regresar a sus cuarteles.

También han reclamado la ONU y Amnistía Internacional (AI). Para el relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, la presencia de militares en tareas de seguridad pública representa un riesgo para los ciudadanos porque fomenta violaciones a los derechos humanos. Por esa razón considera urgente que las autoridades mexicanas cambien su estrategia de combate a la delincuencia. Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI México, firmó en julio una carta en la que varias organizaciones de defensa de los derechos humanos sostuvieron que es indispensable que el ejército deje de realizar labores que le corresponden a la policía. Quiroz aclaró que las organizaciones no pretenden que se descuide la seguridad, sino que se respete la ley.

La lucha contra el crimen organizado comenzó en 2006 con la llegada de Felipe Calderón a Los Pinos. Puso al ejército en las calles y comenzó lo que en un principio se conoció como la “guerra contra el narcotráfico”, que en ese sexenio dejó 101 mil personas muertas y casi 345 mil víctimas de la violencia, esto de acuerdo con un conteo del Centro de Análisis de Políticas Públicas. En los tres primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto van más de 37 mil homicidios, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En 2011 45 mil soldados estaban en las calles haciendo tareas de seguridad, según la Sedena. En una respuesta a una solicitud de información pública de mayo pasado, la Secretaría afirmó que 3 mil 978 mil militares hacen tareas de combate al crimen en todo el país.

El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo en julio al diario Excelsior que cuando se dé la orden de regresar a los cuarteles, “seremos los primeros en aplaudirla y la cumpliremos el mismo día en que se ordene”.

Reportaje - Álvaro Pión Salas

El dolor de perder un
hijo a manos del Estado

En Colombia, entre 2002 y 2010, 1.211 asesinatos fueron
presentados como falsos positivos, según el Cinep.

Abelino Padilla, un hombre de 62 años, bajo de
estatura y fornido, espera el bus en el mismo lugar
donde el mayor de sus seis hijos fue visto por
última vez hace más de siete años.

Su primogénito, Victor Hugo, hace parte de las
cerca de 1.211 personas que han muerto en
Colombia por ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos),
entre 2002 y 2010, según el Centro de
Investigación y Educación Popular, Cinep. (Vea
otras historias en el portal Verdad Abierta)

Para Abelino y su familia esa no es más que una
"simple estadística" que no les ayuda a comprender
por qué su hijo, de 29 años al momento de la
desaparición, “fue asesinado a manos del ejército y
hecho pasar por guerrillero”.

La esquina de la carrera 5 con Murillo, en la entrada
del barrio La Central, en Soledad (Atlántico), es un
entorno bullicioso por ser un paso obligado para
rutas de buses urbanos y por la gran cantidad de motos
y carros que circulan por ahí.

Con las manos dentro de los bolsillos de su pantalón,
Abelino parece no percatarse del ruido a su alrededor y
solo trata de imaginar una escena, la misma que hoy,
hace 2744 días, un sábado 26 de enero del 2008 por la
noche, se llevó a cabo. “Dos hombres vestidos de
militares tomaron a mi hijo de las manos, como si fuera
un niño. Caminaron hasta una camioneta que estaba a unos
20 metros de distancia y se lo llevaron”, cuenta como si
estuviera viendo la camioneta arrancar en ese preciso instante.

Padilla deambula por las calles del barrio con un andar lento,
repitiendo los pasos que alguna vez su hijo dio cuando
trabajaba vendiendo agua. Cada día llenaba dos tanques con
el líquido, los montaba en una carreta que se sujetaba a los
hombros para jalarla y salía a venderlo.

“Mi hijo era un hombre tranquilo. Tenía un genio fuerte pero
siempre fue muy servicial”, recuerda Abelino deteniendo su
caminata y sentándose en una silla bajo la sombra de un roble,
sembrado al pie de una tienda del barrio. Pide una gaseosa.
Toma un sorbo para refrescarse la garganta y darse valor para
contar la historia que “cambió su vida”. 

Todo comenzó unas tres semanas antes de que desapareciera
Víctor Hugo. Relata que llegó a casa con la idea de que se
marchaba porque había conseguido un trabajo. “Guardó ropa
en una bolsa y se fue”, expresa con una velocidad que
contrasta con su andar, como queriendo sacarlo todo de una
vez. Sin embargo esa misma noche “regresó cabizbajo".

La misma situación se repitió un par de veces con el mismo
resultado. Por eso cuando el sábado 26 de enero salió de casa
nuevamente con su hatillo, Abelino pensó que iba a regresar.
“Esa noche había fiesta, estábamos en pleno Carnaval”,
recuerda fijando la vista en un punto distante. Bebe
mecánicamente un poco más de refresco y prosigue su relato.

Solo hasta el martes 29 de enero se enteraron de la noticia.
A las 6:30 de la mañana recibió la llamada de un amigo.
“Empezó a preguntarme con insistencia si me encontraba
bien. Me dijo que si había comprado el periódico, porque
aparecía una foto de Víctor muerto”. Enseguida mandó a
comprar el periódico y efectivamente se encontró frente a
un Víctor que no le devolvía la mirada, ni le hacía un
comentario gracioso ni le sonreía, como tantas veces lo había
hecho.

Asegura que salió de su casa hacia medicina legal con un solo
propósito: no regresar hasta recuperar el cuerpo de su hijo.
Afirma que lo más duro fue identificarlo. En la camilla no veía
al hombre con quien tomó cervezas, compartido el almuerzo o
discutido, en diferentes ocasiones. “Mi hijo nunca tuvo corte
militar y mucho menos usaba camuflado”, explica recostándose
en la silla, con la mirada esquiva.

El cuerpo de Víctor fue hallado a unos 90 km de dónde fue visto
por última vez, en las faldas de la loma ‘El sastre’, en Cien Pesos,
corregimiento del municipio de Repelón (Atlántico). Tenía dos
impactos de bala en la espalda, “como si lo hubieran puesto a
correr primero para dispararle después”, comenta.

El 27 de enero de 2010, dos años después de la muerte de su
hijo, como una cruzada para “recuperar el buen nombre de
Víctor”, Padilla instauró una acción de reparación directa
contra la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ejército
Nacional, la cual fue resuelta a su favor por un juzgado de
Barranquilla. Pasa las manos crispadas por su cara. Arruga la
frente al pensar en los momentos difíciles que pasó su familia,
incluso su mujer “estuvo mal de los nervios”.

Manifiesta que con el paso de los años el corazón le ha ido
sanando. Ha pensado en su reacción si encontrara a los
victimarios de su hijo. No duda en reconocer que “los
perdonaría” porque nada le devolverá a Víctor Hugo. A
pesar de su falta de rencor, considera que “las víctimas del
conflicto deben ser reconocidas” pero aclara que “no solo las de
la guerrilla, sino también las del estado colombiano”, como su
hijo.   

Abelino se levanta de la silla y comienza el regreso a casa. Ahí
quedan pocos recuerdos de Víctor Hugo. Todas sus pertenencias
se las echaron en la tumba, en una especie de ritual familiar.
Solo las memorias de sus familiares, alimentadas por
portarretratos esparcidos en el hogar, son testigos de su
presencia en la tierra. A Abelino también le queda la esquina que
visita cada tanto, en un intento por entender porqué escogieron
a su hijo entre cientos de soledeños.