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lunes, 10 de agosto de 2015

Crónica 2-Arturo Sánchez

El ejército en la mira de las críticas


La CIDH pide que los soldados respeten los derechos humanos


Arturo Sánchez Jiménez. México DF. El ejército mexicano continúa en medio de la controversia por su respeto a los derechos humanos. Las críticas vinieron esta vez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió este fin de semana al gobierno que investigue con imparcialidad la actuación de los militares en tareas “que le competen exclusivamente a la policía”.

El organismo revisó tres casos recientes en los que hay soldados señalados como responsables de la desaparición y asesinato de ciudadanos: una manifestación en julio en Santa María Ostula, Michoacán, donde un grupo de militares supuestamente disparó contra la población, lo que dejó dos muertos, uno de ellos un niño de 12 años; la participación de elementos del ejército, también en julio, en el secuestro y homicidio de siete personas en Calera, Zacatecas; y el caso Tlatlaya, ocurrido en junio de 2014. Ahí murieron 22 supuestos narcos, 15 de ellos asesinados por soldados cuando se habían rendido, de acuerdo con una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.(Lea aquí sobre los casos Ostula, Calera y Tlatlaya)

Sobre este último caso, la CIDH citó un informe del Centro ProDh, que indica que los asesinatos tuvieron lugar luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional, encargada del ejército, dio la orden de “abatir delincuentes en la oscuridad” para “reducir la violencia”.

“Las fuerzas armadas son entrenadas para la defensa de un país contra un enemigo externo, por lo cual carecen del entrenamiento adecuado para cumplir con la misión de hacer cumplir la ley”, sostuvo al organismo en un comunicado. Planteó que es fundamental la separación “clara y precisa” entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función del ejército.

Para la CIDH la historia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos.

No es la primera vez que un organismo internacional pide al gobierno que los soldados dejen de hacer actividades que le corresponden a la policía. En agosto pasado, Human Rights Watch sostuvo que el ejército mexicano "que no tiene la cultura de respeto a los DDHH”, por lo que debería regresar a sus cuarteles.

También han reclamado la ONU y Amnistía Internacional (AI). Para el relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, la presencia de militares en tareas de seguridad pública representa un riesgo para los ciudadanos porque fomenta violaciones a los derechos humanos. Por esa razón considera urgente que las autoridades mexicanas cambien su estrategia de combate a la delincuencia. Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI México, firmó en julio una carta en la que varias organizaciones de defensa de los derechos humanos sostuvieron que es indispensable que el ejército deje de realizar labores que le corresponden a la policía. Quiroz aclaró que las organizaciones no pretenden que se descuide la seguridad, sino que se respete la ley.

La lucha contra el crimen organizado comenzó en 2006 con la llegada de Felipe Calderón a Los Pinos. Puso al ejército en las calles y comenzó lo que en un principio se conoció como la “guerra contra el narcotráfico”, que en ese sexenio dejó 101 mil personas muertas y casi 345 mil víctimas de la violencia, esto de acuerdo con un conteo del Centro de Análisis de Políticas Públicas. En los tres primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto van más de 37 mil homicidios, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En 2011 45 mil soldados estaban en las calles haciendo tareas de seguridad, según la Sedena. En una respuesta a una solicitud de información pública de mayo pasado, la Secretaría afirmó que 3 mil 978 mil militares hacen tareas de combate al crimen en todo el país.

El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo en julio al diario Excelsior que cuando se dé la orden de regresar a los cuarteles, “seremos los primeros en aplaudirla y la cumpliremos el mismo día en que se ordene”.

jueves, 30 de julio de 2015

Crónica - Aida Polo Ramirez



Venezuela y Guyana se disputan el Esequibo

El diferendo limítrofe sigue sin resolverse


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 Imagen: veonoticia
                          El presidente guyanés David Granger y el presidente venezolano
                          Nicolas Maduro


Por Aida Polo





El viernes 24 de Julio el presidente guyanés, David Granger dijo que “si la amenaza actual no se resuelve inmediatamente, permanentemente y pacíficamente podría conducir al deterioro de la seguridad en todo el Caribe y el norte del continente suramericano” aludiendo al conflicto por el Esequibo con Venezuela, en un discurso en el William Perry Center of Hemispheric Defense Studies en Washigton (Estados Unidos).

El Esequibo es un territorio selvático rico en petróleo de 159 542 km2 que representa dos terceras partes de Guyana y que según la Constitución de 1980 se encuentra dentro de sus límites. En cambio, Venezuela reclama el territorio amparándose en los Acuerdos de Ginebra de 1966 que firmó con el Reino Unido de Gran Bretaña junto, en ese entonces, a su colonia Guyana Británica, para crear una comisión mixta que solucione el conflicto.

Venezuela reclama la validez de los títulos históricos esgrimidos por el Estado que incluyen relaciones geográficas de diversos adelantados y conquistadores españoles, entre las que resaltan las de Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y Américo Vespucio de 1499, la de Diego de Lope en 1499-1500, Vicente Yáñez Pinzón en 1500 y Alonso Vélez de Mendoza en 1500.

Aunque el conflicto data desde la época colonial, en marzo de 2015 Exxon Mobil Corporation, empresa petrolera estadounidense, operó en un nuevo yacimiento de petróleo hallado en el Esequibo con el permiso del gobierno Guyanes. Sin embargo el conflicto reavivó cuando en mayo pasado el gobierno Venezolano emitió el decreto No. 1787 sobre la creación y activación de zonas de Defensa Integral Marítima e insular (Zodimain). El decreto en un inicio tambaleó las relaciones con Colombia al militarizar zonas fronterizas que aún se encuentran en reclamación. Finalmente las relaciones se restablecieron con la proclamación del nuevo decreto No. 1859.

Aún así, Guyana y Venezuela siguen en conflicto con las declaraciones de ambos gobiernos. En días anteriores el gobierno guyanés estableció que el decreto No. 1787 no puede ser aplicable a ninguna parte del territorio de Guyana y que cualquier intento de Venezuela para aplicarlo será  resistido. En respuesta al comunicado la cancillería de Venezuela manifestó “Esta política de provocación inamistosa será derrotada por la propia fuerza de la realidad que se impone, por la política exterior de paz y amistad de Venezuela y por el propio pueblo de Guyana”

Por su parte el presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, culpó a la empresa estadounidense de las confrontaciones con Guyana "La Exxon Mobil es la responsable, con su influencia y poder, de todas las provocaciones que se han iniciado contra Venezuela, continuidad de todas las provocaciones de los últimos dos años que hemos respondido en todos los terrenos que nos ha tocado"

Los países han solicitado a la ONU, encabezada por su secretario general Ban Ki-moon, que medie en la situación; mientras que Guyana ya ha acudido a la Corte Internacional de justicia de la Haya.

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Crónica - Juan Carlos Figueroa

Maduro hunde posibilidad de observación
internacional en próximas parlamentarias

El presidente venezolano descarta propuesta de la OEA

Juan Carlos Figueroa

Foto: AVN


Caracas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) es el único organismo con potestad para decidir si observadores internacionales podrán participar en las próximas elecciones parlamentarias venezolanas. Pero el presidente Nicolás Maduro se le adelantó, en una declaración que parece matar cualquier posibilidad en este sentido. “Venezuela no es monitoreada ni será monitoreada jamás”, declaró ayer el jefe de Estado en una rueda de prensa en la oficina de las Naciones Unidas (ONU) de Nueva York.

Maduro esquivó cualquier pregunta incómoda sobre la situación de los derechos humanos en el país. Se limitó a hablar del conflicto limítrofe con Guyana, el motivo que lo llevó hasta Nueva York para reunirse este martes con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon. Pero no pudo escapar cuando una periodista le interrogó sobre si apoyaría, con la misma confianza con la que deposita en la ONU la resolución del litigio con Guyana, que una misión de la organización viaje a Caracas para velar por la transparencia de la elección de diputados. Fue tajante: “No lo aceptaremos jamás, por nadie”, reseñó EFE.

Las votaciones legislativas se celebrarán el próximo 6 dediciembre. En las últimas semanas, la participación de veedores extranjeros ha sido un punto de honor en las denuncias de la oposición al chavismo. "Si el Gobierno dice que hay plenas garantías, y que hay normalidad, ¿qué problema hay de que la elección tenga acompañamiento internacional?", declaró el lunes a EFE Henrique Capriles, contrincante de Maduro en las últimas presidenciales, durante una visita a Washington en la que pidió apoyo a la Organización de Estados Americanos (OEA). Fue Capriles quien denunció fraude en los comicios del 14 de abril de 2013, cuando perdió por menos de 1,5 puntos de diferencia la Presidencia de la República.

Pero la oposición venezolana no es la única interesada en este sentido. Antes de la visita de Capriles, Luis Almagro, secretario general de la OEA, ya había manifestado formalmente al gobierno de Maduro su interés en participar en las elecciones. De hecho, el pasado 2 de junio anunció a CNN que viajaría a Venezuela para reunirse con la presidenta del CNE, Tibisay Lucena. Almagro dijo que quiere que existan “todas las garantías como para que todo el mundo acepte el resultado”.

La llegada de Almagro a la OEA en mayo pasado fue celebrada por Caracas con bombos y platillos. Se dio por sentado que el uruguayo, exjefe de la diplomacia del gobierno de José Mujica, lograría solventar la crisis de la organización con Venezuela. Pero la luna de miel duró poco. “No se puede estar bien con dios y con el diablo”, dijo Maduro sobre Almagro el domingo durante un acto de gobierno. Sus funcionarios han seguido la misma línea. De “apátrida” y “antivenezolano” le acusó su viceministro Elías Jaua, canciller hasta septiembre de 2014. No le perdonan, sobre todo, que se haya reunido con Capriles durante su visita a Washington.

Almagro se ha esforzado para caerle en gracia de nuevo al chavismo. En la reunión de la OEA que se realizó ayer, aprovechó para recordar el que hubiera sido el 61 cumpleaños de Hugo Chávez. Destacó su admiración por su “extraordinaria personalidad” y por su “espíritu constructivo”, publicó EFE. Pero casi al mismo tiempo, Maduro respondió con un portazo, al descartar la observación internacional.

La ley venezolana dice que el CNE es quien tiene la última palabra. Sin embargo, el organismo, autónomo por dictamen constitucional, ha demostrado sin temor su alineamiento con las disposiciones del Ejecutivo. Ha decidido, por ejemplo, que estas parlamentarias se realicen el mismo día que el chavismo celebra 17 años de la primera vez que Chávez ganó la presidencia de Venezuela. Queda la incertidumbre sobre la anunciada visita de Almagro a Caracas, pero ni siquiera se ha fijado una fecha tentativa para el viaje.